A fuerza de reiterar pleitos y demandas, poco a poco va calando la impresión de que la mediación, o la imposición, de la Justicia resulta habitual y hasta imprescindible en la gestión institucional y la relación política. Es una variante peligrosa porque se distancia de la normalidad y del mero sentido común. A las puertas de la Justicia solo se debe llamar cuando se han agotado y fracasado el resto de vías imaginables y disponibles. Reconozcamos, sin embargo, que en estas islas se está haciendo justo al revés.
Ver de forma reincidente a concejales, diputados y consellers pleitear entre sí, aparte de desvirtuar la excepción como norma, es no solo el fracaso de la política, sino la renuncia a sus valores como instrumento de servicio público y representación democrática. Las lesiones se producen entonces sobre unos principios que no resultan precisamente banales.
El concejal de Ciudadanos en Andratx, Gaspar Palmer, se querella contra la alcaldesa de El Pi, Katia Rouarch, porque le impide el acceso a los expedientes administrativos, cosa que la primera autoridad municipal niega. Pero no se acaba aquí la historia porque Rouarch también anuncia acciones penales contra Palmer al saber que éste atribuye a la alcaldesa el dictado de informes técnicos. El Defensor del Pueblo y la Comisión de Reclamaciones y Acceso a la Información Pública han mediado en el rifirrafe dejando clara la necesidad de luz y taquígrafos pero, en la práctica, de nada ha servido. Uno presume que el problema está en los enfrentamientos personales, sin que esto sirva de pretexto.
Ya me dirán, con este panorama, qué expectativas de buena gestión resolutiva pueden tener los residentes en Andratx.
