Un Juzgado de Inca ha aplazado este jueves el desahucio en Lloseta de una mujer víctima de maltrato, quien está residiendo con su hijo menor en la casa de su expareja, que está en prisión.
Según han informado desde Stop Desahucios, el aplazamiento se concede por un mes atendiendo a la especial vulnerabilidad de la afectada.
La plataforma ha indicado que la pareja de la mujer fue condenada por maltratarla en 2015, y en 2016 se divorciaron. Sin embargo, en el acuerdo de divorcio se establecía que la mujer y el hijo podrían permanecer en la casa hasta octubre de 2019.
La mujer asegura que nunca estuvo conforme con el contenido de este acuerdo y responsabiliza a la abogada de oficio que lo negoció, a quien acusa de haberlo aceptado sin su consentimiento. La mujer recibió el viernes pasado la notificación del desahucio.
El propietario de la casa es su expareja, que está en prisión por otros delitos, según las fuentes consultadas. Todavía le queda algo más de un año de condena pero ya puede disfrutar de permisos.
Concentración para detenerlo
Activistas del Ateneu Popular de Lloseta, Moviment Feminista de Mallorca y Stop Desahucios Mallorca se han concentrado ante la vivienda para detener el desahucio. Con todo, no ha llegado a personarse la comitiva judicial, aunque sí efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.
El desahucio estaba previsto para las 11.00 y a las 12.30 horas el grupo ha llamado al Juzgado para que les informaran de qué ocurría. Entonces se les ha indicado que el lanzamiento se aplazaba un mes, según Stop Desahucios.
La mujer reclama que su hijo pueda residir en la casa hasta que sea mayor de edad y pide tener en cuenta el interés superior del menor. También reclama al hombre cantidades de la pensión alimenticia que denuncia no haber recibido.
Además, Stop Desahucios solicita que la mujer sea incluida en las listas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) como un caso urgente y piden una audiencia con el alcalde de Lloseta, Xema Muñoz (PSIB), para tratar éste y otros casos del municipio. La asociación asegura que en un informe municipal el Ayuntamiento ya daba el desahucio por ejecutado.
