El claustro de Sant Domingo de Inca es actualmente uno de los epicentros de la cultura del municipio del Raiguer, donde se ubica la biblioteca y el archivo municipales, entre otros servicios. No obstante, arrastra una leyenda negra, llena de sufrimiento y muerte, ya que en diferentes etapas de la historia ha ejercido de prisión y de centro de torturas contra la disidencia política, especialmente tras el golpe de Estado franquista de 1936.
Por estos motivos, el ayuntamiento de Inca ha querido reconvertir el emblemático espacio del centro de la ciudad en un lugar de memoria histórica y reivindicación democrática. El pleno celebrado el pasado jueves aprobó una propuesta elevada por el equipo de gobierno (PSOE, Més y El Pi) y Unidas Podemos, mediante la que se declara al claustro de Sant Domingo como un espacio de memoria y reconocimiento democrático, una moción que asume una demanda de la asociación Memòria de Mallorca, que el pasado 22 de febrero participó en el Memoria de l'Oblit celebrado en el claustro y dedicado al anarquista 'inquer' Gabriel Buades, fusilado por los fascistas en el cementerio de Inca en julio de 1938.
La propuesta municipal fue apoyada por el equipo de gobierno, Unidas Podemos y los Independents d'Inca, mientras que Vox y Ciudadanos se abstuvieron y el PP optó por votar en contra.
La moción, defendida por la regidora de Més Alice Weber, insta a la conselleria de Administraciones Públicas a inscribir el claustro en el catálogo de espacios e itinerarios de memoria democrática y compromete al Ayuntamiento a mantener, identificar y señalizar el espacio de forma adecuada y a promover un estudio para identificar otros lugares de la ciudad con una historia similar.
Historia del clautro
Durante la exposición de la propuesta, Weber realizó un repaso histórico de lo que ha significado el claustro de Sant Domingo, construido a finales del siglo XVIII con fines religiosos aunque desamortizado por el Estado en 1835. Una vez propiedad del Ayuntamiento, el espacio ejerció de prisión durante la segunda mitad del siglo XIX y fue la sede de los juzgados comarcales, de la Guardia Civil y de la Reserva Militar.
La regidora recordó que en la segunda República se ubicó allí el primer instituto público de enseñanza secundaria, aunque fue clausurado por los franquistas en 1937 y gran parte de sus profesores, como el matemático Antoni Garau, fueron represaliados. Tras el golpe de Estado franquista, el claustro "fue un espacio de represión contra los perseguidos por el régimen" y ejerció de prisión, llegando a albergar a más de 80 personas. "Desde el exterior se oían los gritos de las torturas", apuntó la regidora, que añadió que "la Falange decidía quien entraba y quien salía", y desde allí partieron muchos presos en dirección a la prisión de Can Mir o directamente hacia la muerte en una cuneta.
El regidor del PSOE Andreu Caballero destacó la "justicia poética" que representa el hecho de que el espacio que "los fascistas convirtieron en prisión sea hoy una biblioteca y un espacio de cultura" y añadió que la declaración del claustro como espacio para la memoria está dedicada a "todos los represaliados, que siempre creyeron en la cultura y la educación como algo fundamental para la transformación social y el desarrollo personal de las personas".
Por su parte, el portavoz de Vox, Xisco Pol, destacó que, según había comprobado en algunas publicaciones históricas, el claustro de Sant Domingo "ya había sido una prisión antes del franquismo" y recordó que allí también se habían celebrado corridas de toros en el siglo XIX, por lo que el equipo de gobierno "obvia ciertas partes de la memoria". "Estamos a favor de algunos puntos, pero no lo tenemos claro del todo", apuntó antes de abstenerse.
La representante de Unidas Podemos, Isabel Vallés, apoyó la propuesta municipal y añadió que "seguiremos luchando por la memoria".
Por contra, el portavoz del PP, Félix Sánchez, anunció que su partido votaría en contra de la moción porque su grupo "se adhiere" al llamado manifiesto por la historia y la libertad, firmado en el año 2018 por un grupo de unos 200 intelectuales españoles para responder a la creación de la Comisión de la Verdad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de la ley de Memoria Histórica. Entre otras cuestiones, el citado manifiesto asegura que la ley atenta contra la Constitución porque "ataca los fundamentos de la libertad de opinión, la igualdad o el pluralismo" y acusa al gobierno de "imponer un único relato de la historia".
La regidora Alice Weber cerró el debate afirmando que "en este caso, la memoria y la historia serán las que nos pondrán a cada uno de nosotros en su lugar".
