Cualquier beneficio particular directo derivado de una actividad o bien público suena mal y levanta desconfianzas y sospechas. También es cierto que dentro del amplio abanico de corrupciones, corrupciones y picarescas de lo público caben muchas cosas. No conviene generalizar. El matiz resulta importante porque no es lo mismo el fraude organizado que el aprovechamiento ocurrente de la oportunidad que se presenta de forma inesperada.
A los empleados de la brigada municipal de Andratx se les ocurrió que la chatarra que se acumulaba era un buen material de financiación para sus almuerzos. Seguramente, fue una iniciativa inocente por parte de quien busca dar utilidad y sentido a las cosas, pero que ha acabado primero atragantando y después provocando una mala digestión a sus protagonistas, entendiendo tales consecuencias como el efecto de la confusión y sospecha de beneficio particular sobre titularidad pública. El malestar de la chatarra indigesta ha durado cuatro años. Los hechos se remontan a 2016.
Primero se abrió un expediente disciplinario con amenaza de expulsión que acabó archivándose y ahora la jueza hace lo mismo con la instrucción penal del asunto sin entrar en la valoración moral de lo ocurrido.
La clave que evita cargo penal sobre los obreros capaces de transformar chatarra en almuerzo radica en no haber producido "perjuicio económico" para el Ayuntamiento. Seguramente no lo ha habido para nadie porque no era una trama organizada de chatarreros disfrazados de operarios municipales. Fue, eso si, una buena idea, tomada en mal lugar y con elementos inadecuados. Por eso se indigestó.
