El grupo ecologista GOB afirma que los proyectos de reindustrialización previstos como alternativa al cierre de la fábrica de Cémex en Lloseta no pueden tramitarse por separado y ha pedido "una evaluación ambiental estratégica" de "todo el proyecto para valorar con claridad sus impactos". La entidad ecologista ha informado en un comunicado de que Cémex ha sacado a exposición pública el proyecto de estudio de impacto ambiental para modificar parte de la fábrica de cemento, para transformarla en una planta de áridos para la construcción.

Recuerda que esta iniciativa es una de las incluidas en el acuerdo de enero de 2019 para reindustrializar Lloseta y que el Consell de Govern aprobó en mayo de 2019 la declaración de la inversión "Proyecto de reindustrialización Cemex-Baleares" como "proyecto industrial estratégico" de Balears.

El GOB ha pedido al Govern que aclare la viabilidad económica de todo el proyecto de reindustrialización antes de iniciar más trámites y advierte de que no puede iniciarse "una tramitación fraccionada" sin atender a los impactos ambientales, sociales y económicos de la globalidad de los planes previstos.

El GOB ha detallado que el proyecto de planta de áridos está previsto a partir de la materia prima extraída de la cantera de Can Negret en Alaró, una explotación en disputa entre la propietaria Cemex y el Govern balear. La entidad ecologista insiste en que los distintos proyectos previstos en el que el Govern ha declarado estratégico "no pueden tramitarse por separado", tal como ya alegó en su día y no ha recibido respuesta ni aclaración al respecto.

La parte fundamental del proyecto es una planta de generación de hidrógeno "Power to Green Energy", que se prevé realizar mediante un partenariado público-privado, en el que intervienen Acciona y Enagás con mínimos de participación del 30 %, mientras tendrán un máximo de un 10 % Cémex, Govern e IDAE, así como otros socios "aún por determinar".

La entidad verde critica que este proyecto por más de 46 millones de euros de presupuesto sea de empresas multinacionales "con muy poca participación pública y mucho menos comunitaria".

Indican que la condición principal de su viabilidad es tener demanda "que ahora mismo no parece, por la información expuesta, que esté cien por cien garantizada". Según el GOB, una parte se pretende garantizar con la flota de autobuses de la EMT, otra con la flota de vehículos de alquiler y con demanda de gas e hidrógeno en la planta hotelera.

El GOB echa a faltar "un estudio de viabilidad económica de todo el proyecto completo, con todos los actores implicados" y advierten de que sin saber "claramente cómo se financiará y cómo se sostendrá económicamente, no puede ser avalado por la administración pública", como estipula la Ley 14/2019 de proyectos industriales estratégicos de Balears.

La iniciativa de reindustriaización incluye la planta de áridos que inicia trámites ahora, una planta asfáltica, un centro logístico para materiales de construcción, el proyecto de cooperativa de transporte y un centro de I + D + i, también pero una planta fotovoltaica en suelo rústico en terrenos de Cemex para alimentar la planta de electrólisis y un parque fotovoltaico en suelo rústico en Petra.

El GOB reclama una evaluación ambiental estratégica de todo el proyecto para conocer los impactos de estas nuevas actividades industriales.

Pide además información complementaria sobre la inversión privada y la colaboración pública, y sobre su influencia sobre la demanda energética de sectores clave como el transporte público, los coches de alquiler y la demanda hotelera, para poder garantizar su viabilidad real.

El GOB critica que el Govern haya avalado con una declaración de proyecto estratégico un proyecto "sin tener garantizada la viabilidad económica, la demanda, costes de producción y costes de comercialización, no sólo por el proyecto de generación de hidrógeno sino para todos los proyectos que la acompañan".