Los payeses de Mallorca han llegado a una situación "insostenible" en la que peligra seriamente su propia continuidad. Por este motivo, las tres principales organizaciones agrarias de la isla, Asaja, Unió de Pagesos y UPA-AIA, se han concentrado hoy a mediodía en la entrada de Campos para exigir una serie de medidas encaminadas a conservar la actividad agrícola y ganadera para hacer frente a los elevados costes de producción, la insularidad y la importación de género de fuera de Europa, entre otros problemas que han situado al sector al borde del precipicio.
La principal demanda de las organizaciones agrarias, dirigida principalmente a los consumidores, es la necesidad de incrementar el consumo de productos locales, por lo que instan a la administración a potenciar la demanda y a "identificar claramente el origen de los productos". Asimismo, hacen un llamamiento claro a los consumidores mallorquines: "cuando vayan a comprar, deben pedir productos locales, y si no tienen, deben acudir a otro lugar donde sí los tengan".
Las demandas de los payeses también comprometen a las cadenas de venta, a las que exigen un mayor nivel de "compromiso" con los productos locales, y a la hostelería, sector al que reclaman que incremente la compra de productos elaborados en la isla, ya que "el precio no debe ser el único criterio de compra". En este sentido, también avisan a los consumidores de que "desconfíen" de precios excesivamente bajos, "ya que suelen ser medidas de reclamo para atraer la atención de los clientes y cobrar más caros otros productos".
Las tres organizaciones sostienen que el producto local "es más sostenible que las importaciones", además de provocar menores efectos que potencien el cambio climático. "Su compra ayuda a mantener territorio, porblación rural y paisaje", añaden.
Las tres entidades convocantes de la protesta lanzaron una batería de propuestas dirigidas a la administración competente encaminadas a reducir los costes de producción. Y es que la congelación de las cantidades que perciben los productores, mientras año tras año siguen subiendo los gastos de producción, aboca al cierre a las explotaciones agrarias y provoca el abandono de la actividad.
Por estos motivos, exigen una mayor bonificación del gasoil agrícola, la implementación de medidas fiscales para facilitar la contratación de personal, la agilización de los trámites administrativos, garantías para asegurar ayudas de la Política Agraria Común (PAC) adaptadas a la insularidad, la revisión de las tarifas eléctricas para el sector agrícola y ganadero, facilidades para poner en marcha nuevos regadíos para la producción de forrajes y el desarrollo de la Ley agraria.
