Un año después de la primera petición, el grupo ecologista GOB ha vuelto a reclamar formalmente al ayuntamiento de Alcúdia la desclasificación del sector AN-1 de la urbanización de Bonaire, ubicada en el ámbito de la Victòria, en el municipio de Alcúdia, al considerar que es un buen momento para declarar los terrenos como rústicos debido a que la comisión balear de Medio Ambiente resolvió en diciembre de 2019 el archivo por caducidad del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Además, la entidad ecologista destaca que un informe de la dirección general de Espacios Naturales y Biodiversidad afirma que la administración "tiene la obligación de priorizar y garantizar la preservación de la biodiversidad por encima del derecho a urbanizar un espacio natural bien conservado". La citada dirección general informó de forma desfavorable el documento ambiental estratégico presentado por el ayuntamiento de Alcúdia, constatando que "la actual función ambiental de todo el antiguo sector AN-1 (Bonaire) es la de separar las zonas ya urbanizadas y de fuerte presión antrópica (los sectores AN-2, AN-3 y AN-4) de las zonas LIC y ZEPA de la Victòria, de forma que actua como zona periférica de protección".

Asimismo, el citado informe asegura que la urbanización de este sector "provocará la desaparición directa de una extensa zona de hábitats de interés comunitario (30 hectáreas) sobre la cual la administración tiene la obligación de adoptar medidas concretas para mantener su estado de conservación favorable y evitar su deterioro".

Cabe recordar que en 2015 el ayuntamiento de Alcúdia inició una modificación puntual del planeamiento para la clasificación del sector urbanizable directamente ordenado de Bonaire, por lo que, según el GOB, "se podría urbanizar tanto el antiguo AN-1 como el sector AS6, ubicado junto a Maristany". La comisión de Medio Ambiente obligó a tramitar la evaluación ambiental estratégica ordinaria, un trámite ya archivado por haber caducado.

Según el GOB, lo procedente en el sector AN-1, por su buen estado de conservación y los valores naturales que contiene, es la adopción de "algún régimen de protección previo, como su paso a suelo rústico" para evitar su futura transformación urbanística.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, explicó ayer sobre el terreno que el Ayuntamiento "debería aprovechar este momento para desclasificar, después de que la comisión de Medio Ambiente haya archivado el expediente" y añadió que, en caso de desclasificación, "no hay lugar a posibles indemnizaciones" porque se han incumplido los plazos por parte del promotor.

Por su parte, el abogado Josep Alonso destacó que "los informes optan por convertir esta zona en suelo rústico protegido" y que el Ayuntamiento "no tendrá ninguna posibilidad de tramitar ningún proyecto en esta zona, se ha perdido la oportunidad de urbanizar".

El GOB lamentó que el Ayuntamiento no contestase el primer requerimiento realizado hace un año en el que solicitaba la desclasificación de este sector urbanizable.