Los presupuestos municipales participativos son una iniciativa encomiable, un intento de acercar a la gestión práctica de la casa consistorial las principales inquietudes vecinales. Son también un elemento para aproximar política y confianza social, que buena falta hace.
Como tantas otras cosas, los presupuestos participativos pueden constituir por igual un arma de doble filo, es decir, el suplemento capaz de amortiguar la incapacidad del gestor público para plasmar en sus iniciativas y programas las verdaderas necesidades del municipio.
Sea como sea, se desvelan en todo caso como un elemento complejo para transformarse en realidad palpable. En este caso, el trasvase de la teoría a la práctica se manifiesta particularmente dificultoso.
En Mallorca se conocen ya bastantes intentos que permiten abundar en esta evidencia y ahora se vuelve a demostrar en Calvià. El gobierno local se ve obligado a aparcar un año la aportación vecinal a las cuentas municipales porque descubre que, para poder hacerlo con solvencia, necesita pulir el reglamento capaz de recoger las propuestas ciudadanas, su análisis técnico y el método de votación popular. Se constata que estamos ante una iniciativa con instrumental insuficiente. Reconocerlo es buen comienzo
