Parece como si se quisiera recuperar una hipotética pérdida de tiempo en la larga espera hasta conseguir la legalización de las casas de apuestas. Ahora, el juego ya está hecho y la verdad es que, de la forma en que se ha desarrollado, no hubiera importado esperar un poco más, hasta parar la ruleta en la evaluación de su dimensión social, la disonancia entre ofertas y demandas y los riesgos de adicción que comporta.
Los locales de apuestas se están convirtiendo en un problema alejado del mero ocio, el negocio moderado o la posibilidad del acierto y premio ocasional. Las salas de juego son ya un potencial de adicciones, primero personal y después colectivo. El hecho de que solo en Mallorca existan 136 de estos locales, abiertos de forma regulada lo dice todo. Compárenlo con el número de bibliotecas, centros deportivos o locales de acción social diversa, saquen la proporción y tendrán el dibujo de un panorama poco alentador y nada propicio para el orgullo y el bienestar colectivo.
Los ayuntamientos comienzan a sentir el peso de la proliferación de casas de juego. Caso de Inca. Diversos colectivos demandan moderación y control en las licencias. Son competencia autonómica, pero el consistorio puede intervenir mediante una determinada normativa urbanística. Inca suspende licencias y modificará el PGOU con criterios de apertura más restrictivos. En la ciudad ya existen cinco casas de juego y se han solicitado otras tres.
Las locales de apuestas no pueden transformarse por sobreabundancia en un caramelo envenenado a la salida del colegio ni en un remedio deslumbrante ante una crisis ocasional. Se trata de ordenar su existencia proporcional y moderada en cada población.
