El anuncio de incremento de impuestos no es la noticia más agradable para empezar el año. Sin embargo es el mensaje que reciben de sus ayuntamientos los mallorquines residentes en Bunyola, Campanet, Esporles, Petra y Consell, al igual que los habitantes de otro millar largo de municipios españoles.
El mismo ministerio de Hacienda que tiene el freno puesto a la capacidad de inversión municipal, da escape controlado al incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles. La legislación vigente le faculta para ambas cosas.
El IBI debe guardar proporción con los valores de mercado de los edificios. Es verdad que, por lo menos una parte de los municipios de Mallorca que ahora reciben autorización para incrementarlo, aplican unos porcentajes bajos y antiguos. A partir de 2020 podrán cargar el 1,03% sobre las asignaciones catastrales. Este impuesto es el principal nutriente de las arcas municipales y probablemente uno de los más equitativos y controlables si se aplica bien.
De todos modos, la clave del IBI y de todos los impuestos y tasas, sean directos o más camuflados, está en sus utilidades y aplicaciones finalistas. El mal sabor de boca del ciudadano, cuando percibe que será afectado por incrementos tributarios, solo puede endulzarse con mejores servicios y atenciones públicos que respondan a necesidades reales. No siempre ocurre así.
Estamos cansados de ver infraestructuras costosas que responden más bien a caprichos y preferencias del gobernante de turno o a hipotéticos beneficios electorales. El sentido comercial de la política debe ser cambiado por la atención a necesidades efectivas. Entonces será menos doloso pagar tributos.
