Cinco municipios de Mallorca revisarán en 2020 los valores catastrales de los inmuebles urbanos, lo que puede traducirse en una significativa variación al alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que toma como base imponible este baremo de valor del suelo.
Los ayuntamientos que han solicitado una actualización de los coeficientes de aplicación son Bunyola, Campanet, Consell, Esporles y CampanetConsellEsporlesPetra. Entre todos ellos, suman más de 20.000 habitantes empadronados.
Así consta en una resolución del ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de diciembre. Este proceso de revisión de valores catastrales abarcará a casi 1.100 ayuntamientos, entre pueblos pequeños, grandes ciudades y capitales de provincia.
El coeficiente de actualización dependerá del año en que entraron en vigor los últimos valores catastrales. Si estos se aplicaron entre 1984 y 1988, el coeficiente será del 1,05.
En cambio, si el año de entrada en vigor de la ponencia de valores se situó entre 1989 y 2003, este índice se fijará en el 1,03. Para los años 2011, 2012 y 2013, el coeficiente será del 0,97.
Coeficiente de aplicación
En el caso de los municipios mallorquines, el coeficiente que se aplicará será del 1,03, ya que en todos estos casos los años de entrada en vigor de la última revisión se sitúan en la horquilla cronológica que va de 1989 a 2003.
Esta disposición fiscal se enmarca en un Real Decreto Ley por el cual se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
" Con la aprobación de esta medida se contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales, y será de aplicación en los municipios que cumplan los requisitos recogidos en el marco normativo habilitado a tal efecto, esencialmente la solicitud formulada por cada uno de los Ayuntamientos concernidos, que podrían no ver cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización si la medida no llega a aprobarse", argumenta el Gobierno para justificar la necesidad del Real Decreto Ley.
La orden ministerial explica que, para realizar esta actualización de los valores catastrales, los ayuntamientos debían enviar previamente una solicitud.
Para ello, tenían que cumplir una serie de requisitos, como tramitar esta solicitud en plazo y acreditar la existencia de "diferencias sustanciales" entre los valores actuales de mercado y los que sirvieron de base para realizar la valoración aún vigente en cada municipio.
Un impuesto clave
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles lo recaudan los ayuntamientos y constituye la principal vía de ingresos de las administraciones municipales. El IBI grava la titularidad de bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.
Para calcular este gravamen, se toma como referencia el valor catastral del suelo, por lo que si estos se revisan al alza la cantidad a pagar por el contribuyente sube, aunque el tipo impositivo no se haya tocado. Precisamente, son estos valores los que ahora se someterán a revisión en más de un millar de municipios españoles, entre los cuales se incluyen cinco localidades mallorquinas. Valencia, Sevilla y Zaragoza son algunas de las capitales de provincia que actualizarán sus valores.
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