El GOB ha registrado una petición de anulación de la licencia de obras de urbanización de Can Mas, la construcción de 36 viviendas de lujo en esta possessió de Bunyola. Además, los ecologistas solicitan la paralización inmediata de las obras, que empezaron a mediados del pasado mes de noviembre.

El GOB, presidido por el bunyolí Amadeu Corbera, afirma que las personas que intervinieron en el proceso de autorización de la licencia “conocían perfectamente la realidad física de Can Mas y sabían perfectamente la ilegalidad, por lo que han incurrido presuntamente en prevaricación”. Según la entidad ecologista, la licencia es “ilegal” y “nula de pleno derecho” al vulnerar, al menos, dos normas.

Una de las possibles irregularidades detectadas por el GOB se centra en la firma del informe legal preceptivo para su concesión, que debe ser de un funcionario de carrera del ayuntamiento y, en este caso, está firmado por un abogado externo a la institución. Además, los ecologistas sospechan de la “celeridad” en su concesión, especialmente porque Bunyola estaba afectada por una suspensión de licencias tras la aprobación inicial del nuevo PGOU. Según la cronología aportada por los ecologistas, el pasado 22 de enero se produce la solicitud de licencia, pero hasta el 28 de enero la constructora no aporta la documentación necesaria. El informe jurídico del abogado externo, también puesto en duda por el GOB, tiene fecha del 1 de febrero, solo tres días después del registro de la documentación pertinente. El 7 de febrero la junta de gobierno otorgó la licencia.

Paralelamente, el 17 de enero, cinco días antes de la petición de licencia, el pleno aprobó la suspensión de licencias en el municipio, que el BOIB publicó el 12 y el 28 de febrero. “Entre la suspensión de licencias y la publicación en el BOIB de las mismas se produce velozmente la autorización de la licencia de obras” (el 7 de febrero), se sorprende el GOB, que lo califica de “juego de fechas” que “parece una operación estratégica para dejar a salvo, in extremis, la urbanización de Can Mas”.

Por todo ello, los ecologistas piden la nulidad de la licencia y, mientras esta se resuelve, la paralización inmediata de las obras.

Polémica asamblea

El ayuntamiento intentó salir al paso de las numerosas críticas convocando una asamblea, que se celeró el pasado lunes, para explicar el proyecto de Can Mas y el nuevo PGOU todavía en trámite.

“En cualquier juzgado esta licencia cae. Antes de llegar a ese extremo, pedimos al ayuntamiento que la retire”, afirmó Amadeu Corbera. El alcalde, Andreu Bujosa, acompañado por el técnico municipal que ha firmado la licencia, explicaron la posición del consistorio y resolvieron las dudas planteadas por los asistentes.

En cuanto a la petición de nulidad de la licencia, Bujosa señaló que “se tramitará” y “si se tiene que revisar, se revisará”, pero señaló que “no es cierto que todas las aprobaciones iniciales (del nuevo PGOU) lleven una suspensión de licencias”.