De los numerosos percances sufridos por el tren, desde la recuperación de su trayecto entre Inca y Manacor, el accidente del 19 de mayo de 2010 es el más grave y de peores consecuencias. En el descarrilamiento por desprendimiento de un muro hubo 25 heridos, dos de ellos con daños irreversibles.
Casi una década de pugnas y negociaciones se salda ahora con pacto por el que solo se asume y reconoce la responsabilidad civil de las deficiencias técnicas y la negligencia acreditada. La modificación del Código Penal y la destipificación de la falta de imprudencia ha propiciado una salida negociada a cargo de las compañías aseguradoras. El resultado final es una indemnización global de casi 1,4 millones de euros de los que casi dos terceras partes serán para el más perjudicado, el maquinista.
La solución técnica y jurídica aplicada puede ser impecable, pero desde el punto de vista del interés y la seguridad pública no se puede obviar que se está aportando un escape económico a una deficiencia de gestión y a una negligencia documentada y reconocida de forma implícita. De hecho, el fiscal ha tenido que modificar -suavizar- sus conclusiones para que se pudiera alcanzar el pacto final. Es como si el dinero pudiera arreglarlo todo, lo cual constituye una arma de doble filo y una tentación abierta.
Las indemnizaciones están bien para aliviar a los lesionados y amortiguar lo irreversible. Pero esto no es todo. Nadie asume responsabilidades personales o profesionales por el descarrilamiento de Sineu, lo cual puede degradarse en una nueva relajación en las obras y el mantenimiento de la vía. Sin ir más lejos, tras la electrificación se ha vuelto a reconocer que había retraso en esta tarea.
