El escándalo de las licencias de obra otorgadas en falso por el ayuntamiento de Andratx en Montport lleva coleando y sumando gastos desde 2004. No está garantizado que se haya alcanzado el techo de perjuicios económicos y sociales porque el consistorio, si lo considera oportuno, todavía puede recurrir esta última sentencia del Tribunal Superior que, entre indemnizaciones y costas, sitúa el desembolso público en la órbita de los 15 millones de euros. Andratx puede mantener, por méritos propios, un puesto de deshonor destacado en la clasificación de alegrías urbanísticas que crean inseguridad jurídica al ciudadano primero y después acaban haciéndole pagar las consecuencias de la falta de rigor y arbitrariedad municipal. Ante todo ello, por supuesto, solo se asumen, y siempre en último extremo, las responsabilidades que acaba imponiendo la Justicia. Repasen los avatares consistoriales de Andratx y lo comprobaran. De hacerlo, sin embargo, corren el serio peligro de escandalizarse.
El Ayuntamiento certificó en su día que los terrenos de Montport, en Port d'Andratx, eran urbanizables y en base a ello la empresa promotora de la urbanización solicitó licencia de obra para una cincuentena de parcelas. Fueron concedidas pero después, al revisar el Plan General, el Consell avaló la condición de territorio rústico de especial protección. Se intentó, sin éxito jurídico, retirarla y después la empresa y propietarios solicitaron daños y perjuicios que ahora el Tribunal Superior les confirma. Este es el telegrama escueto de los daños, inseguridades ciudadanos y falta de responsabilidad recreada y alimentada en Montport. Se impone la garantía de evitar que cosas semejantes sigan ocurriendo.
