Una vez terminados los trámites para poder ejecutar la segunda fase del polígono industrial de Binissalem, los propietarios de los terrenos están a la espera de contar con los permisos pertinentes para que se puedan iniciar las obras de adecuación de la zona donde se desarrollará el proyecto. Un proyecto respecto al cual hay diferentes opiniones por parte de los grupos políticos locales, que no se ponen de acuerdo respecto a la necesidad de desarrollar la segunda fase, lo que puede suponer un inconveniente debido a la situación de minoría del equipo de gobierno presidido por Víctor Martí (Unió per Binissalem).
Así, el portavoz del PP, Andreu Villalonga, opina que, a pesar de que el polígono ha sido una óptima salida industrial y productiva a la falta de espacio, debido a los cambios que se han producido a lo largo de estos últimos años, no considera necesario que deba llevarse a cabo ninguna fase en el polígono industrial, "a no ser que tengamos muchísimas solicitudes de implementación de empresas en el polígono, y creemos que no es así pero no podemos asegurarlo por falta de información por parte del alcalde".
Villalonga añade que echan de menos una reunión con el promotor para conocer sus intenciones actuales. También apunta que querrían saber si el hecho de no ejecutar la segunda fase puede conllevar sanciones económicas.
Precios inaccesibles
Desde la formación de Més, la número cuatro de las listas y actual directora general de Territorio y Paisaje del Govern, Maria Magdalena Pons, cree que seguir con la tramitación que se ha iniciado supondrá repetir los mismos errores que se cometieron en la primera fase. A juicio de Pons, aquella idea de hacer un polígono para reubicar las empresas de dentro del pueblo fracasó cuando los solares resultantes fueron vendidos a precios inaccesibles para las empresas locales. "La experiencia de la primera fase nos debe servir de guía", dice Pons. "Si lo que queremos es suelo para nuestras industrias, no podemos dejar que sea el sector privado quien lo gestione", añade.
Pons opina que se debería saber cuántas empresas locales están interesadas en desplazarse al polígono y, a partir de ahí, rediseñar la segunda fase. Defiende que la promoción sea pública y que el Ayuntamiento controle su ejecución.
Desde las filas socialistas, Pepa Ramis opina que para la posible finalización del polígono de servicios deberían darse una serie de circunstancias. En primer lugar, una demanda real de espacios y una voluntad real de trasladarse por parte de las empresas que están en suelo urbano. En segundo lugar, unos precios asequibles para empresas locales, por eso el Ayuntamiento puede utilizar los solares que le corresponden por ley. En tercer lugar, una modificación y adaptación del urbanismo de la segunda fase para minimizar el impacto sobre el territorio, y, por último, una implicación de las empresas con el reciclaje de sus residuos y de instalación de placas fotovoltaicas en los techos de las naves para contribuir con la generación de electricidad verde. Finalmente, Ramis apunta que antes de dar por sentado que la segunda fase no es necesaria se deben tener en cuenta posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde, Víctor Martí, afirma que esta segunda fase es una decisión que no depende del Ayuntamiento. "Los propietarios de los terrenos cumplen todos los requisitos técnicos y legales para desarrollar el proyecto", apunta.
Martí añade que estos propietarios disponen de unos terrenos aptos para hacer un polígono y de ellos depende desarrollarlo. El regidor también recuerda que la Administración no puede oponerse a la ejecución de una actividad que cumple todos los parámetros legales y si los políticos no actúan de acuerdo con la ley, pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales. Además, apunta que desde el Ayuntamiento se han seguido los trámites legales encomendados y supervisados por los técnicos, y esta segunda fase se llevará a cabo cumpliendo las Normas Subsidiarias aprobadas en 2008.
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