La Fundació Natura Parc ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el cual reclama al ministerio de Justicia cerca de un millón de euros por el mantenimiento de animales incautados en operaciones policiales. Natura Parc se ha ido haciendo cargo de ellos por mandato judicial hasta que se resuelvan los casos en los juzgados.

En la actualidad, la entidad acoge por ejemplo un abundante número de gallos y caballos que fueron incautados en el marco de la operación Iron Belt, que desmanteló en el año 2016 una importante red de narcotráfico en la isla. También asumió la conservación de más de mil tortugas confiscadas el año pasado en una finca de Llucmajormás de mil tortugas confiscadas el año pasado en una finca de Llucmajor.

La fundación situada en el municipio de Santa Eugènia lanza una voz de alarma y vincula el mantenimiento de su actividad de protección de los animales al pago de estas cantidades económicas adeudadas por el ministerio de Justicia.

En este sentido, el recurso hace hincapié en el "riesgo de desaparición" de la entidad conservacionista. El mantenimiento de los animales confiscados "supone un notable gasto que tensiona sobremanera las modestas arcas de la Fundació Natura Parc, poniéndolas en una situación lindante con la desaparición", sostienen en la demanda.

12.000 animales al año

La Fundació gestiona anualmente la conservación de unos 12.000 animales y, de forma fija, atiende a una cifra que oscila entre 4.000 y 5.000, por lo que desde la dirección del centro se preguntan "qué pasaría" con esta fauna si ellos no se hiciesen cargo.

La desaparición de la entidad afectaría también a los cerca de 90 empleados con que cuenta actualmente. "Natura Parc es la única entidad que realiza esta actividad en Balears. La consecuencia del cierre de la actividad supondría un problema gravísimo para la protección de la fauna y de la ciudadanía que a menudo requiere sus servicios", remarcan.

En el recurso contencioso-administrativo, la entidad subraya que los juzgados correspondientes han ido aceptando el importe de las facturas presentadas y que éstas "ya han sido entregadas hace ya mucho tiempo a la gerencia territorial de Justicia en Balears". En la demanda, aparecen pormenorizadas las facturas que se reclaman al ministerio de Justicia.

Un total de 227 gallos

De esta forma, se recogen por ejemplo los gastos ocasionados por el mantenimiento de 227 gallos de pelea que fueron incautados en una operación policial que tuvo lugar en junio de 2016.

La suma adeudada asciende a un total de 285.875 euros más intereses.

El recurso incluye asimismo las facturas por el mantenimiento de los caballos confiscados en la operación Iron Belt, que "fueron recogidos, cuidados, alimentados y medicados" por esta entidad. Otros animales que fueron confiscados en una sonada operación policial fueron cerca de un millar de tortugas. Sus propietarios -una pareja de alemanes- fueron acusados de comercialización ilegal de especies protegidas. Por estos hechos, pasaron un mes en prisión.

Los demandantes reclaman al final de su escrito que, al margen de que la administración de Justicia asuma la totalidad de los gastos propuestos por ellos, abone de manera inmediata las cantidades económicas que ya ha reconocido en diferentes instancias y que ascienden a unos 420.000 euros.

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