Los socios que demandaron la celebración de una asamblea general del Patronato Joan XXIII de Inca y la actual junta directiva protagonizan un intercambio de acusaciones en las redes sociales. Los primeros acudieron a los tribunales hace unas semanas para denunciar que debería haberse convocado la asamblea extraordinaria hace meses y los segundos se defienden diciendo que esperan a contar con una auditoría de cuentas para presentar los números de la entidad a los socios.
Joan XXIII es una entidad que gestiona varios centros de asistencia y atención a discapacitados psíquicos de las comarca del Raiguer, Pla y Nord de Mallorca.
Entre tanto, hace unos días que se ha detectado una actividad de afiliación de socios nuevos a la entidad. Fuentes próximas señalan que se ofrece a los nuevos socios satisfacer una cuota mínima de ocho euros al año.
Dilación
Trabajadores y miembros de la entidad que presentaron la demanda judicial sostienen que "se está dilantando la convocatoria de la asamblea para afiliar nuevos socios". El sector disconforme considera que se intenta conseguir apoyos de cara a la asamblea general.
Por parte de la junta directiva se explica que "se pueden afiliar socios todo el año. Hemos creado un grupo de trabajo para actualizar el listado de socios debido a que no estaba bien actualizado. Cuantos más socios y más apoyo tenga la entidad mejor", sostiene el secretario de la misma, Antoni de Plandolit.
Plandolit dice: "Entiendo la queja pero es muy intencionada. Que se quejen de que hacemos socios nuevos y se aumente la reucaudación me parece fuera de lugar. Nosotros miramos por el bien de toda la entidad y no sólo de una parte".
La junta directiva ha hecho público un comunicado recientemente en el que manifiesta, ante las acusaciones recibidas, que siempre ha afirmado que convocaría la asamblea general "lo antes posible".
Sostiene que la actual junta surgió de la asamblea de mayo de 2018 por lo que cualquier acto anterior lo decidió una junta distinta.
En el comunicado dice que en una reunión convocada por el alcalde de Inca, para mediar en el conflicto, la junta propuso la renovación de siete de los 15 actuales cargos y la celebración de una asamblea extraordinaria en cuanto las cuentas estuvieran auditadas. Esta propuesta fue rechazada por los demandantes.
Proyectos
Los dirigentes actuales sostienen, además, que se están llevando a cabo proyectos como crear una vivienda tutelada, una escuela de verano, crear una estructura de gestión central, entre otras.
La junta comunica que en octubre se entregaron las cuentas a los auditores contratados y que se espera que en un mes se tenga disponible el informe.
Los socios disconformes han emitido otro comunicado en el que destacan: "A día de hoy, no tenemos constancia de ningún intento de ofrecimiento para solucionar las diferencias. Los socios sólo demandan el cumplimiento de los estatutos, y que conforme a la petición cursada en julio se convoque una asamblea extraordinaria, que debería haberse realizado en un plazo de ocho días". Recuerdan a la presidenta -Magdalena Corró- que "si quieren tener las cuentas claras, el día 2 de julio, tuvo oportunidad de explicarlas en asamblea".
Reclaman transparencia y democracia interna
Los socios que han presentado la demanda ante el juez sostienen que sólo reclaman "transparencia y un funcionamiento democrático de la entidad". Agregan que "a día de hoy la página web de Joan XXIII sólo publica los comunicados de prensa y en ningún caso se usa para actualizar la información de servicios, actividades, convenios y colaboraciones que tiene la entidad con las familias y usuarios, tal y como están obligados por ley". Les llama la atención el anuncio efectuado hace unos días de que la entidad dispone de cuatro millones de euros, "cuando a socios, trabajadores y familiares, dicha junta ha manifestado que la asociación es deficitaria y que por eso se externalizaban servicios".
