El Govern actuó con diligencia. Así lo afirma la portavoz del Ejecutivo autonómico, Pilar Costa, tras la denuncia de la familia del exalcalde de Artà, Rafel Gili, por su gestión de la torrentada que el 9 de octubre de 2018 azotó el Llevant y acabó con la vida del artanenc. Los parientes alegan que la administración no ha actuado "con eficacia". Tras la información publicada por Diario de Mallorca, Costa ha asegurado que el Govern "respondió de una manera contundente". Los familiares sostienen que Emergencias no aplicó con rigor el protocolo y cerró tarde las carreteras. Fuentes de la conselleria de Administraciones Públicas y Modernización aseguran que sus servicios jurídicos están estudiando la denuncia para ver qué decisiones tomar.
La denuncia de la familia de Rafel Gili centró una parte de la rueda de prensa del Consell de Govern. Preguntada por este tema, Costa manifestó que "respeta su actuación" y añadió que los familiares del exalcalde de Artà tienen derecho a reclamar si piensan que la administración no ha actuado al 100% cóomo tenía que hacerlo".
La familia admite que ha esperado un año a presentar la denuncia porque aguardaban si había una mejora tanto en los protocolos como en las estructuras. Al no haber notado esta mejora, han registrado la denuncia por vía administrativa y, en función, de la respuesta del Ejecutivo autonómico decidirán si también acuden a los tribunales.
Los familiares, que se muestran decepcionados por el trato recibido, creen que de haber actuado con arreglo a los protocolos de emergencias, cabría la posibilidad de que el fallecido siguiera con vida. También reprochan el cierre tardío de las carreteas afectadas por las inundaciones y la falta de atención por parte del teléfono 112 de emergencias.
La denuncia se interpone después de que el Govern no concediera a la familia del exalcalde una ayuda de alquiler durante dos años que se prestaba a los afectados que sufrieron daños importantes en sus viviendas. Los denunciantes reconocen que esta ayuda estaba dirigida a paliar daños en las viviendas de personas que no podían residir en ellas tras la torrentada. Admiten que no es exactamente su caso pero alegan daños psicológicos que impiden a la viuda seguir viviendo en el hogar donde murió Gili.
