El ayuntamiento de Calvià, gobernado por PSOE y la coalición Podemos-Més, revisará todos los recibos de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se enviaron este verano a los contribuyentes que debían ponerse al día en el pago de las cuotas de 2013 y 2014. El objetivo es determinar caso por caso si se les ha cobrado de más al no haber aplicado las bonificaciones existentes en aquellos años.

Para entender esta situación, que afecta a centenares de vecinos del municipio, hay que remontarse a 2011. Ese año, en época de gobierno del PP, se aprobaron unas bonificaciones para paliar la subida del IBI que se produjo por el notable aumento de los valores catastrales como consecuencia de una revisión. Las medidas estuvieron en vigor en 2012, 2013 y 2014.

Otro factor a tener en cuenta en este embrollo fiscal es que, unos años después, en 2016, la Dirección General del Catastro concluyó un proceso de regularización catastral, por el cual se actualizó la descripción de numerosos inmuebles de Calvià, en que se detectó que se habían producido modificaciones (nuevas construcciones, piscinas, obras menores...) sin declararlas. Esos cambios repercuten en el IBI, porque generalmente suponen un aumento de los valores catastrales.

Nuevos valores

El tercer hito en esta historia llega este verano. A raíz de esa regularización completada en 2016, centenares de contribuyentes calvianers empezaron a recibir notificaciones exigiéndoles que se pusiesen al día en el pago del IBI correspondiente a 2013, 2014, 2015 y 2016 de acuerdo a esos nuevos valores catastrales que había dejado al descubierto la mencionada regularización. Los elevados importes que se pedían para 2013 y 2014 -años en que estaban en vigor esas bonificaciones- sorprendieron a los contribuyentes.

Esas quejas fueron recogidas por PP y Ciudadanos (Cs) que, en el pleno de septiembre, presentaron una moción en que advertían de que en esos recibos no se incluían las bonificaciones fiscales vigentes en aquel tiempo. Los dos partidos instaron al Consistorio a rectificar y a devolver esas "cantidades cobradas en exceso". La moción fue rechazada.

Ahora, el anuncio de que en los próximos meses se revisarán todas esas liquidaciones -extremo confirmado ayer por el teniente de alcalde de Transparencia, Innovación y Servicios Económicos, Marcos Pecos (PSOE)- fue recibido por la portavoz local del PP, Luisa Jiménez, como la evidencia de una "rectificación".

"Hacer justicia"

En declaraciones a este diario, Pecos matizó esa versión y subrayó que en el ánimo del Ayuntamiento siempre ha estado el querer "hacer justicia" con todos los contribuyentes. El teniente de alcalde socialista dijo que no hubiese sido justo revisar únicamente los casos en que se hubiese presentado un recurso, motivo por el cual se ha decidido emprender una revisión general de oficio. Una revisión que puede prolongarse durante unos meses, ya que existen centenares de expedientes. Pecos señaló que no todos los casos recibirán la misma consideración a la hora de determinar si corresponde aplicar la bonificación.

En este sentido, argumentó que aquellos casos en que la regularización catastral permitió que aflorasen grandes construcciones sin declarar no deben recibir la misma consideración que otros casos en que se hicieron obras menores, como pudo ser la reforma de un baño o una reforma en el tejado.