El Defensor del Pueblo ha recibido una queja formal por los malos olores que emanan de una planta de tratamiento de residuos en las inmediaciones de la urbanización Costa de la Calma en el municipio de Calvià.
Los vecinos de la zona llevan años quejándose de un hedor tan desagradable que se ven obligados a mantener cerradas las ventanas de sus casas.
La entidad Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), cuyo portavoz es el exconcejal Alfonso Rodríguez Sánchez, acaba de trasladar este problema al Defensor del Pueblo.
Consubal le pide que medie ante la empresa Tirme (que gestiona la instalación) y ante los departamentos de Medio Ambiente del Ayuntamiento y del Consell de Mallorca, con el objetivo de que "de forma inmediata suspendan la actividad de la planta en tanto no encuentren una solución definitiva que evite los olores".
El pasado mes de septiembre, la consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, se reunió en Calvià con el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Rafel Sedano, y la concejal de estas mismas áreas, Marga Plomer, ambos de la coalición Podemos-Més.
El Consell de Mallorca anunció entonces que en 2020 se pondrá en marcha en esta zona un sistema de sensores electrónicos como el existente en Son Reus, con el objetivo de determinar la intensidad de esos olores.
Tras la reunión con representantes políticos municipales y portavoces vecinales, la institución insular informó también de que se removerían con más frecuencia los materiales tratados en la planta para "reducir los procesos de fermentación aeróbica".
Esta planta de transferencia de Calvià tiene una actividad notable. Actualmente, trata unas 7.000 toneladas de lodos, lo que representa el 10% del total de toda la isla, según datos facilitados recientemente por el Consell.
El escrito remitido por Consubal a la oficina del Defensor del Pueblo incide en que esos olores "son tan desagradables que es totalmente imposible poder mantener ventanas y terrazas abiertas".
La entidad argumenta a continuación que los residentes afectados llevan años reivindicando una solución, sin que hasta la fecha se haya concretado "ni una sola medida que haya contribuido a disminuir el desagradable olor".
"No existe voluntad, por parte de las administraciones públicas, para solucionar el problema y, como siempre, solo se presentan buenas intenciones y promesas de medidas para solucionar esta desagradable situación que ya está afectando, incluso, a la salud de los vecinos", sostiene Consubal, que ha impulsado paralelamente una campaña de recogida de apoyos entre los vecinos para apuntalar la queja ante el Defensor del Pueblo.
Actualmente, hay censados en Costa de la Calma unos 1.700 vecinos; un número que se incrementa notablemente en época estival.
