El pleno celebrado ayer en el ayuntamiento de Calvià rechazó una moción conjunta de PP y Ciudadanos en la que se instaba a la oficina municipal de Tributos a rectificar las liquidaciones del IBI de los años 2013 y 2014 para que se incluyan las bonificaciones que habían sido aprobadas por el Consistorio en el año 2o11 y a proceder a la devolución "como ingreso indebido" de las cantidades cobradas "en exceso" por no aplicarse la citada bonificación.

PP y Cs aseguraron que el pasado mes de agosto, tres años después de la regularización catastral que modificó al alza los valores de unos 2.000 inmuebles, el Ayuntamiento remitió "miles" de notificaciones a los ciudadanos afectados por la regularización "exigiéndoles liquidaciones del IBI de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016" que eran "muy elevadas" en las correspondientes a 2013 y 2014 porque el Consistorio "ha eliminado de forma totalmente improcedente la bonificación aprobada por el pleno en 2011".

El PSOE negó que estas notificciones sean generales en el municipio y que solo afectan al 4 por ciento de los contribuyentes. El regidor Marcos Pecos explicó que la dirección general del Catastro llevó a cabo la regularización porque "sabe que hay construcciones que no se declaran" y añadió que la moción de PP y Cs "defiende a defraudadores" porque "muchas personas pagaban el IBI por debajo de lo que debían pagar". También acusó a ambos partidos de defender "algunos casos que se han beneficiado de bonificaciones encubiertas".

La propuesta de PP y Cs fue rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno integrado por PSOE y Més-Podemos, mientras que contó con el voto favorable de las dos formaciones que presentaron la moción y Vox.

Por otra parte, el pleno rechazó otra propuesta de Vox también relativa al IBI en la que se reclamaba la "devolución de las liquidaciones de IBI indebidamente practicadas, incumpliendo el plazo legal de prescripción de cuatro años". La moción también solicitaba una rebaja del tipo general del impuesto "hasta el mínimo legal".

El equipo de gobierno rechazó la moción, entre otros argumentos, porque "reducir el IBI implicaría que no pudieran llevarse a cabo todas las políticas sociales".