Casi una década después, el accidente ferroviario de Sineu llega a juicio. Un juzgado penal de Palma tiene previsto celebrar hoy una vista previa contra siete técnicos por el grave descarrilamiento de un tren muy cerca de la estación de Sineu que causó 34 heridos, entre ellos el maquinista que resultó crítico, a mediados de mayo de 2010. El fiscal reclama penas que suman 14 años de prisión e indemnizaciones millonarias para los siete acusados, la mayoría ingenieros de caminos, por delitos de lesiones por imprudencia grave y profesional en concurso ideal.
Además de pedir dos años de cárcel para cada encausado, el ministerio fiscal también solicita su inhabilitación durante cuatro años para ejercer su profesión, oficio o cargo. Las defensas plantean que los hechos ya habrían prescrito o que se trataría de faltas, ahora despenalizadas, por lo que lo único que habría que dirimir son las responsabilidades civiles, es decir, las indemnizaciones. Las partes ven muy difícil alcanzar un acuerdo hoy debido a todas las aseguradoras, las pólizas de las empresas y las altas compensaciones económicas que hay en juego.
El siniestro ferroviario ocurrió el pasado 19 de mayo de 2010, sobre las siete menos cuarto de la mañana, cuando el tren de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) del Govern Balear que cubría la línea de Manacor a Palma descarriló tras colisionar con un muro, imposibilitándole el paso. El accidente se produjo en un tramo curvo entre trincheras que disminuían la visibilidad, a la altura del punto kilométrico 42,8, a unos 400 metros de la estación de Sineu. El convoy circulaba dentro de los límites de la velocidad permitida, según el fiscal. El muro colapsó la noche anterior tras ceder a las fuerzas de empuje de las tierras que sostenía al encontrarse en contacto con el talud.
Negligencia
La acusación pública mantiene que el muro se derrumbó debido a "un conjunto de acciones y omisiones en cadena y de carácter negligente", en cuanto vulneraban de forma grave y manifiesta la normativa y exigencias técnicas de seguridad en la construcción, por parte de los técnicos que se encargaron de la proyección, ejecución y vigilancia de las obras de este tramo ferroviario y de su mantenimiento. Según la fiscalía, hubo una mala praxis en la construcción del muro, así como una falta de limpieza y de mantenimiento. La pared no estaba drenada. Se fue acumulando agua y materiales, lo que provocó la corrosión de las armaduras y que el muro colapsara.
El descarrilamiento del tren causó heridas a 32 pasajeros. Además, el interventor resultó grave con politraumatismos y el maquinista, crítico.
Ambos fueron hospitalizados y quedaron incapacitados. La fiscalía reclama indemnizaciones que ascienden a más de dos millones de euros para los afectados. Para el conductor pide que sea indemnizado con más de un millón de euros por las graves secuelas que le han quedado.
Sufre un deterioro cognitivo y físico, va en silla de ruedas y es una persona dependiente que precisa atención continuada. Ha tenido que adaptar su vivienda a su situación de gran discapacidad y su familia ha visto alterada su vida y convivencia por los cuidados que precisa, según el fiscal.
Los siete encausados son los ingenieros que elaboraron y ejecutaron los proyectos de reapertura de la línea Inca-Manacor y de las obras de emergencia, así como el jefe de obras y un excargo de SFM.
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