La Dirección General de la Policía, que depende del Ministerio del Interior, ha comunicado al Ayuntamiento de Inca la apertura de una delegación en la ciudad. El Estado ha aceptado la oferta del municipio mallorquín por la cual el consistorio cederá unas instalaciones municipales y efectuará el mantenimiento a cambio del servicio que preste la Policía Nacional.
El alcalde de la ciudad, Virgilio Moreno, explica que "en principio será sólo una delegación donde se podrán tramitar todos los documentos que expende o gestiona la Policía Nacional. Los asuntos de seguridad ciudadana seguirán en manos de la Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local". El alcalde pormenoriza que "se trata de un paso muy importante pues evitará muchos desplazamientos de muchas personas a Palma o a Manacor".
Cabe destacar que se trata de un servicio de ámbito comarcal por lo que, según Moreno "no sólo los ciudadanos de inca se verán beneficiados, pienso que quienes más beneficiados saldrán son los vecinos de toda la zona norte de Mallorca que hasta el momento debían perder muchas horas desplazándose hasta Palma". La mejora se notará especialmente en los trámites de asuntos de extranjería y en la expedición del DNI y pasaportes "lo que descongestinará muchísimo a las oficinas de Palma", indica el alcalde.
La oficina de la Policía nacional se ubicará en uno de los pabellones del Cuartel General Luque, situado junto al que albergará el futuro Museo de la Educación de les Illes Balears. La construcción data de 1915 por lo que será reformada convenientemente, modernizándola y adaptándola a las necesidades de la policía.
El espacio que ocupará es de unos 200 metros cuadrados aproximadamente. En el interior se creará una sala de atención al ciudadano, con sala de espera con capacidad para 24 personas. Dispondrá de cuatro puestos de expedición: dos para DNI, uno para pasaportes y otro para la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE). Además también dispondrá de un despacho para el jefe del equipo y un archivo. Complementarán las instalaciones un baño adaptado y un vestuario para los funcionarios.
Además se dotará el edificio de cámaras de vigilancia exteriores e interiores, detectores de volumen y proximidad y videograbadores. El edificio dispondrá además de un sistema de control de accesos. Sin embargo, la seguridad del inmueble corresponderá a la Policía Local.
La puesta en funcionamiento depende del tiempo que tarde el consistorio en rehabilitar el edificio, trabajo al que se ha comprometido en el acuerdo. Una vez entregado, la Policía Nacional estima en dos meses el plazo de ejecución del lugar a sus necesidades
