El equipo de gobierno del ayuntamiento de Alcúdia elevará a pleno el próximo viernes una propuesta del regidor de Urbanismo mediante la que se insta a la Autoritat Portuària (APIB) a "iniciar el procedimiento de revisión de oficio" del acuerdo del consejo de administración de la entidad portuaria del 6 de abril de 2016 en el que se aprobó ampliar la concesión al club náutico Alcudiamar hasta el año 2030, así como la resolución del presidente de la APIB de noviembre de 2017 que aprobó los proyectos constructivos presentados por la empresa explotadora del club náutico como parte del acuerdo de la nueva concesión.
El requerimiento se basa en varios informes jurídicos del Ayuntamiento elaborados a raíz de una denuncia formalizada en diciembre de 2018 por la plataforma Salvem el Moll y el GOB y que han constatado que se han dictado actos administrativos "sin el preceptivo informe municipal" y que se "vulneran de forma manifiesta" las determinaciones del vigente Plan Especial de Ordenación del Port d'Alcúdia.
Asimismo, la propuesta municipal pide a la APIB que se paralicen "de forma cautelar" las obras que se ejecutan actualmente en el ámbito del puerto deportivo gestionado por Alcudiamar y solicita la "suspensión de ejecutividad de la resolución" que ahora se pretende revisar de oficio.
Inspección municipal
En enero de este año, el celador municipal inspeccionó el club náutico y documentó que se estaban realizando obras en el complejo deportivo consistentes en la demolición de pavimento asfáltico existente en unos 750 metros cuadrados, así como la ejecución de acequias en unos 70 metros lineales, entre otras actuaciones.
Los representantes de Alcudiamar alegaron entonces que las obras "estaban contempladas en el proyecto" aprobado por la APIB y que estas "no requieren licencia municipal" porque afectan a las infraestructuras portuarias.
El pasado 10 de julio, el arquitecto municipal de Alcúdia emitió un informe al respecto en el que se evidencia que la documentación presentada por la empresa en relación al proyecto de urbanización "no está diligenciada" por la APIB y "recoge la ampliación del varadero que todavía no está aprobado", así como otras nuevas edificaciones previstas en el complejo.
El informe municipal destaca que el proyecto se refiere a la "zona hotel", cuando "debería referirse a la zona de la escuela de vela y apartamentos para navegantes", ya que el Pla Especial no permite el uso hotelero. Además, el proyecto constructivo de urbanización presentado "altera el contenido" del citado plan urbanístico, aprobado por el Consell en 2009. La ampliación del varadero y las nuevas edificaciones previstas "tampoco se ajustan a las determinaciones del Plan Especial", concluye el dictamen.
Otro informe jurídico municipal del 31 de julio constata, entre otros aspectos, que las resoluciones de la APB "podrían incurrir en causa de nulidad de pleno derecho", por lo que resulta "procedente" solicitar a este organismo la revisión de oficio.
En este sentido, el regidor de Urbanismo de Alcúdia, Joaquín Cantalapiedra, confirmó ayer que las obras que están en marcha no tienen licencia solicitada ni "ningún tipo de informe", por lo que se instará a la Autoritat Portuària a paralizar los trabajos. "En función de lo que resuelva la APIB, decidiremos los pasos a seguir", apuntó.
Alcudiamar
La Autoritat Portuària autorizó a la empresa Alcudiamar a seguir explotando el puerto deportivo de Alcúdia hasta el próximo año 2030, ampliando en doce años más el plazo de concesión que ya asumía desde el pasado año 1988. Como consecuencia de esta ampliación de plazo, el puerto deportivo está obligado a abonar a la APIB una tasa anual de 2,7 millones de euros y como contrapartida el concesionario debará invertir más de 21 millones de euros en infraestructuras. Entre estos proyectos figura la ampliación de la dársena en unos 12.000 metros cuadrados, pendiente del estudio de impacto ambiental.
