En la semana que marca tradicionalmente el inicio del curso político en Calvià, con la lectura este jueves del discurso a cargo del alcalde en las fiestas del Rei en Jaume, el PP ha lanzado un ataque contra la política fiscal del equipo de gobierno que forman PSOE y la coalición Podemos-Més.

Así, la nueva portavoz del Grupo Municipal Popular, Luisa Jiménez, ha censurado que el Ayuntamiento cobre el impuesto de la plusvalía municipal a aquellas personas que han vendido sus propiedad por un importe inferior al de la compra. La plusvalía grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y el PP recuerda que hay varias sentencias del Supremo y del Constitucional que establecen que no debe abonarse cuando se da esta pérdida de valor.

El teniente de alcalde de Servicios Económicos, Marcos Pecos, discrepa de la argumentación del PP. Pecos manifiesta que la plusvalía toma como referencia el valor del terreno y no de toda la propiedad edificada, al tiempo que agrega que es infrecuente encontrar casos en Calvià en que el suelo haya perdido valor con los años.

Las críticas del PP se centran además en otro trámite fiscal: las donaciones de inmuebles a través de un pacto sucesorio (normalmente, de padres a hijos). Los populares lamentan que no se está aplicando la bonificación del 95% en la plusvalía municipal prevista para herencias por fallecimiento, algo que, argumentan, va en contra de una consulta vinculante emitida desde la dirección general de Tributos.

"Consideramos que se está engañando a muchos ciudadanos, que terminan pagando impuestos indebidos por importes elevados, incluso de muchos miles de euros", sostiene Jiménez.

Sobre este punto concreto, Pecos responde que sí, que se están aplicando las bonificaciones, pero recuerda también que, para beneficiarse, hay que reunir una serie de condiciones añadidas, como demostrar que previamente el beneficiario ha estado viviendo en esa propiedad durante los dos últimos años. El PP, por otro lado, estudia actualmente el "masivo" envío de notificaciones en agosto, exigiendo liquidaciones de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Los destinatarios son ciudadanos a los que se regularizaron inmuebles en 2016 por construcciones no declaradas.

Esos impuestos atrasados toman como base los valores catastrales de esos años, que son más elevados que los actuales, por lo que las cuotas son más altas. El teniente de alcalde de Calvià dice que el cálculo debe efectuarse a partir de los valores vigentes en ese momento y que el Ayuntamiento, "como gesto de buena fe", no les cobra intereses.