Incompetencia y negligencia son los dos términos utilizados por la diputada popular Marga Durán a la hora de definir la actuación del Govern en la gestión de La Victòria de Alcúdia que derivó el pasado 15 de julio en el cierre temporal hasta 2021 de las habitaciones del albergue por motivos de seguridad. La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha comparecido este martes de forma urgente ante de Comisión de Asuntos Sociales, Igualdad y Derechos Humanos, una comparecencia solicitada por el grupo popular que ha criticado que "el Govern no hiciera nada en dos años" cuando desde 2016 existías informes técnicos que advertían de deficiencias en las instalaciones.

Y es que el cierre fue motivado por un informe de abril de la Dirección de Arquitectura que instaba a ejecutar una serie de obras importantes. El documento aconsejaba una "actuación inmediata" o bien la "clausura de las instalaciones". Dicho informe ha llevado a Durán a cuestionar por qué el Ejecutivo "escondió entonces la grave situación y no cerró el albergue en abril" si en el escrito "se advertía del riesgo de los usuarios". Por ello, la diputada ha lamentado "la falta de previsión" del Govern" y lo ha acusado de "poner en riesgo la seguridad de los usuarios".

La consellera Fina Santiago ha defendido que desde el primer informe de la Dirección de Arquitectura en 2016 que contemplaba distintas patologías en el albergue "se han hecho todas las obras que no necesitaban una modificación urbanística" como son la mejora de la cocina, el comedor, la lavandería, el refuerzo de la terraza y el muro del aparcamiento. Sin embargo, Santiago ha concretado que el informe también alertaba de la necesidad de implantar una segunda escalera de evacuación de incendios y de rehacer la fachada ante el peligro de desprendimientos, unas mejoras que, por el momento, no han podido llevarse a cabo porque requieren de una modificación de las normas subsidiarias. Sobre ello, ha especificado que el ayuntamiento de Alcúdia ya tiene desde julio del 2017 la documentación necesaria para realizar las gestiones y empezar dichas obras, además del ascensor que también está planificado que se incorpore, pero "aún no existe un calendario" sobre cuando se podrán llevar a cabo.

Santiago ha remarcado que el Govern tiene detectadas las "necesidades" de las instalaciones de La Victòria desde 2016, aunque fue en abril de 2019 cuando los técnicos de arquitectura notificaron al Ejecutivo de la necesidad de "actuar de forma inmediata" o sino de realizar la "clausura inmediata". Asimismo, la Dirección de Arquitectura y Vivienda decidió llevar a cabo un estudio específico para poder modificar la situación.

Tras consultar a los servicios jurídicos que alertaron de posibles responsabilidades jurídicas, la Conselleria decidió clausurar el edificio, si bien Santiago ha hecho hincapié en que no ha habido "peligro en ningún momento" en el albergue. "No ha habido peligro, incluso la situación es mejor que en 2016 debido a las obras de mejora y las mejores condiciones de seguridad y también de los elementos de detección de humo y fuego que se han incorporado".

El Govern está estudiando presentar un decreto de urgencia con el fin de agilizar los plazos y los procedimientos administrativos para iniciar las obras en el albergue lo antes posible, aunque las previsiones del Ejecutivo apuntan a que las habitaciones permanecerán cerradas hasta 2021. Asimismo, por lo que respecta al presupuesto, Santiago ha avanzado que se presentarán a la próxima convocatoria del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) porque consideran que "se puede adaptar perfectamente el proyecto". Con todo, Santiago ha concluido que han sido "prudentes" y defendió que se ha actuado "de forma correcta" con la clausura del albergue.

Y si Durán ha criticado que el cierre había perjudicado a más de 1.500 jóvenes, la consellera ha informado que la medida no ha afectado a un total de 1.526 personas que habían realizado una reserva desde el 15 de julio al 21 de septiembre en las habitaciones, por lo que la Conselleria ha ampliado las plazas en la zona de acampada para ofrecer alternativas de alojamiento. Más concretamente, un total de 389 siguen valorando si accederán a venir al campamento, si bien el resto ya ha decidido alojarse o optar por otras opciones de albergues cercanos. Del total de usuarios, Santiago ha explicado que un grupo ha presentado una qja formal y otra familia ha realizado una queja pero de forma informal.

En las intervenciones de los grupos parlamentarios, la diputada popular ha cuestionado a Santiago si la situación del albergue La Victoria se había puesto en alguna ocasión en conocimiento del Consell de Govern por parte de la anterior consellera, Fanny Tur, de la que ha dicho que estaba "muy ocupada en asistir a actos en apoyo a los políticos presos, mientras tenía a niños en un edificio con deficiencias y con un riesgo evidente para la seguridad".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Mayor, ha cuestionado cuales son las previsiones del Govern para continuar con la gestión del Instituto balear hasta 2023. Sobre ello, Santiago ha manifestado la voluntad de conveniar a largo plazo para que siga en sus manos.

El diputado de Cs en el Parlament, Juan Manuel Gómez, ha valorado "positivamente" la decisión de julio en relación al cierre del albergue porque "ante una duda de seguridad mínimo tiene que llevar a tomar decisiones". "La decisión es acertada pero desafortunada por lo que supone", ha añadido.

En esta línea, la diputada del PSIB, Beatriz Gamundí, ha dicho que es una noticia que "preocupa", si bien ha entendido que "no ha sido fácil pero siguiendo las informaciones no ha sido traumática como han hecho pensar los otros grupos".

Por su parte, la diputada Vox, Idoia Ribas, ha considerado que es "una auténtica irresponsabilidad" tener el albergue abierto desde el momento en "que se tuvo conocimiento de los defectos" del edificio. "¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora y si no hay peligro por qué se ha cerrado", se ha cuestionado la diputada.

Asimismo, ha apuntado que considera que será más tarde de 2021 cuando podrá ser operativo y le ha planteado cuales serán las alternativas del Govern para dar respuesta a ello.

Por su parte, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha considerado que es "una vergüenza" el tiempo que "hay que estar para un informe para algo que se necesita". "Estoy contento de que el Govern beba de su medicina de algo que nos pasa a todos", ha dicho.