Acampan abundantes elementos de contradicción sobre la decisión de cerrar el albergue de la Victòria de forma repentina. La consellera afirma por una parte que no hay peligro alguna pero, por otra, precinta las habitaciones durante dos años para ejecutar imprescindibles obras de seguridad.
Un informe arquitectónico del pasado mes de abril aconsejaba la inmediata realización de la reforma pero, sin embargo, se ha seguido admitiendo reservas de alojamiento. Ahora, 1.667 jóvenes quedan a la intemperie, aliviada por los rigores del verano compatibles con el raso, la ampliación de los servicios de acampada anexos y el aguante juvenil que todo lo engulle.
Se actúa de una forma que permite sospechar que no todo está dicho sobre la situación real de la Victòria. Más cuando la consellera lo cierra por la vía rápida, pero no sobrevenida por accidente y su director asegura que el complejo ha mejorado su estado en las dos últimas décadas.
La Victòria evitará desprendimientos de fachada, se dotará de elementos de emergencia y adecuará la accesibilidad a todos los usuarios. Un avance, un cumplimiento legal, lo cual no exime del reclamo de mayor previsión en trabajos de remodelación para un complejo levantado en 1963 y también en sus ofertas de uso. Si el incidente actual hubiera pasado en una empresa privada, la Administración hubiera sancionado.
