La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha decidido que el ayuntamiento de Andratx no tiene que indemnizar a un empresario, al que se le concedió una licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar, que después fue declarada ilegal por los jueces. Esta licencia fue objeto de una investigación del llamado caso Andratx, la principal causa por corrupción urbanística desarrollada en Balears. El promotor de la obra solicitaba una indemnización de casi nueve millones de euros. No solo no cobrará esta cifra, sino que además tendrá que abonar las costas.
Esta empresa adquirió en el año 2004 una parcela en el municipio de Andratx. La finca fue comprada a otra sociedad. El propietario anterior presentó un proyecto urbanístico para realizar una construcción en este solar. Disfrazó que se trataba de una reforma y ampliación de una casa ya existente. La licencia fue autorizada por el Ayuntamiento. El nuevo propietario solicitó un cambio de la titularidad de la licencia, que fue aceptada por el propio Consistorio.
La tramitación de esta licencia de reforma y ampliación de la vivienda, autorizada con el informe a favor del arquitecto municipal, fue objeto de una investigación del llamado caso Andratx. Se sentaron en el banquillo, tanto el arquitecto de Andratx, como el técnico que presentó el proyecto de construcción. Ambos fueron condenados. El primero por prevaricación urbanística y el otro por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia del juzgado de lo Penal declaró que la licencia municipal era ilegal y, por tanto la anuló. Ello supuso que toda la obra que se había realizado era irregular y el juez ordenó su demolición.
El promotor de la obra presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Andratx, señalando que había sido perjudicado porque disponía de una licencia municipal, aprobada por el Consistorio, que le permitía realizar la obra de ampliación del inmueble ya existente en el solar que había comprado. Además, recordaba que el dueño del terreno nunca fue investigado, pues la responsabilidad de la irregularidad cometida se centraba en los dos arquitectos que habían intervenido en la tramitación de la licencia.
Nueve millones de euros
Por estos dos motivos demandó al Ayuntamiento y reclamó ante los tribunales que se declarara su responsabilidad patrimonial por un anormal funcionamiento de la administración. En la demanda se reclamaba una indemnización de casi nueve millones de euros por los daños y perjuicios sufridos.
Sin embargo, los jueces se han situado en defensa del Consistorio y en contra de los intereses de este promotor. La sentencia analiza las circunstancias por las que un tribunal puede reconocer el mal funcionamiento de la administración, que pueda perjudicar a un ciudadano, que tendría derecho a cobrar una indemnización económica. Sin embargo, este no es el caso, por cuanto recuerda el tribunal que el proyecto que presentó el arquitecto contratado por el promotor ya era irregular, ya que la obra superaba el volumen autorizado por las normas municipales.
También recuerda el tribunal que la construcción de la vivienda se levantó en un lugar distinto al que estaba autorizado en la licencia municipal, posteriormente declarada nula por un juzgado. Recuerda el TSJB que las irregularidades fueron cometidas por el propio técnico que presentó el proyecto y que, además, eran conocidas por el promotor de la obra. De hecho, el que fue condenado fue el arquitecto que presentó el proyecto ante el Ayuntamiento de Andratx y quien después asumió la dirección de la obra. La sentencia que le condenó, además, según incide la sentencia, le obligaba a restaurar la legalidad urbanística, derribando toda la estructura levantada por una licencia que era ilegal. Por estas razones se rechaza que el Ayuntamiento indemnice al promotor afectado.
