Los propietarios de un inmueble que colinda con el puente den Barona y el torrente Major han tenido que apuntalar parte de su estructura por aparición de grietas, un hecho que el ayuntamiento atribuye a la caída del muro de contención del torrente que está a los pies de este edificio.

Así lo ha asegurado el concejal en funciones de Medio Ambiente, Josep Lluís Puig, quien ha expresado su malestar con el Govern por la “inacción” ante las peticiones que le ha cursado el ayuntamiento para que repare dos muros de contención del torrente Major que se desplomaron hace unos años en la misma zona de l’Horta.

Puig ha explicado que el inmueble en cuestión está muy cerca de uno de estos muros caídos, que la vegetación del torrente ha cubierto con el paso del tiempo, y cree que podría estar detrás del apuntalamiento que se ha tenido que hacer recientemente en la parte posterior de la casa donde hay unas terrazas. Los puntales se han colocado para garantizar la seguridad de la estructura.

Sin embargo, Puig ha señalado que los afectados no han presentado ningún escrito al ayuntamiento para alertar de la situación que él mismo reveló. Según el responsable en funciones de Medi Ambient, el ayuntamiento de Sóller ha reiterado estos días ante el Govern la necesidad urgente de reparar este tramo de muro del torrente Major que podría ser la causa que ha obligado al apuntalamiento del inmueble. En su oficio el municipio insta a Medi Ambient que repare de forma urgente los muros de contención que el ayuntamiento ha localizado en la red de cauces que hay en el valle.

Por otra parte, Puig ha manifestado su preocupación por la publicación de una reciente sentencia que determina que los ayuntamientos son los responsables del mantenimiento de los tramos urbanos de los torrentes, lo que en Sóller tiene una repercusión importante debido a la presencia de numerosos lechos de torrente que atraviesan el casco urbano.

La Conselleria de Medi Ambient le remitió recientemente esta resolución judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Málaga, lo que solivianta a Josep Lluís Puig por las consecuencias que puede tener para el ayuntamiento y especialmente para sus arcas económicas.