El juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha admitido la denuncia por presunta prevaricación que ha interpuesto un vendedor ambulante contra el alcalde de Sóller y su concejal de turismo y Promoción Económica, Jaume Servera y Jaume Mateu respectivamente. El demandante entiende que el ayuntamiento ha actuado de "forma arbitraria" y con "amiguismo" en su perjuicio a la hora de adjudicar los puestos de venta del mercadillo que se instala todos los sábados.
Los hechos que ahora serán investigados en instrucción se remontan a los años 2018 y 2019. El denunciante, un vendedor de marroquinería, tenía dos puestos asignados en la avenida de Cristòfol Colom donde instalaba su vehículo para vender los productos elaborados con piel, como bolsos o cinturones, entre otros. Según relata la demanda, el vendedor ambulante ocupó el mismo lugar durante unos quince años de forma consecutiva. Pero en 2018 el ayuntamiento reestructuró diversos puestos y trasladó al denunciante a la avenida de Jeroni Estades. El argumento utilizado es que el puesto de venta ocupaba en parte la zona de dominio ferroviario de la vía del tranvía a su paso por Cristòfol Colom.
El vendedor accedió al cambio aunque para el 2019 el ayuntamiento volvió a cambiarle para colocarlo en el recinto del mercado, algo que le habría perjudicado por el descenso de ventas al ser un lugar de menor afluencia de personas. Pese a ello se instaló en el lugar asignado aunque presentó un recurso de reposición contra el decreto que ordenaba su traslado, que no ha sido contestado.
El demandante, representado por la letrada María José Martín de la Torre, entiende que el ayuntamiento actuó de forma "arbitraria" contra él, más aún cuando constató que su antiguo puesto junto a las vías del tranvía está ocupado por un chiringuito de venta de similares dimensiones al suyo, ocupando parte de la zona de seguridad. El denunciante se siente perjudicado por su traslado a un puesto donde ha reducido su actividad económica y, a la vez, cree que el consistorio ha actuado por "amiguismo" para favorecer al vendedor que ocupa su puesto que tuvo en concesión hasta 2017.
