El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha emitido una sentencia en la que condena al ayuntamiento de Sóllerpor el que inicialmente quería abonar 18.000 euros.
Los hechos que ahora se sentencian suponen un varapalo para el ayuntamiento de Sóller y en especial a su economía. La resolución viene a poner fin a un procedimiento administrativo abierto en 2012.
Los propietarios del solar instaron al ayuntamiento de Sóller a expropiarlo en aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en tanto que se veía afectado por un vial de viandantes contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de Sóller aprobado en 1998.
La norma general establece que los terrenos afectados por sistemas de comunicaciones viarias deben ser expropiados por la administración en un plazo máximo de cinco años tras la aprobación de su normativa municipal, algo que no hizo.
El solar afectado ocupa una superficie de 349 metros cuadrados de los que habría que descontar los 187 metros calificados como vial de viandantes. Esta situación hacía que la superficie restante del terreno no podía ser urbanizada por no cumplir con la parcela mínima, pese a que sus titulares abonaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como solar urbano, algo de lo que el Tribunal Superior de Justicia se hace eco en su sentencia.
Proceso iniciado en 2012
Los propietarios iniciaron en 2012 el procedimiento para que el ayuntamiento ejerciera la expropiación forzosa del terreno que valoraron inicialmente en 668.822 euros, tal y como recoge la sentencia.
El Ayuntamiento finalmente acordó abonarles tan solo 17.952 euros atendiendo a sus propias tasaciones realizadas por técnicos municipales.
Ante la disparidad de valoraciones, el caso fue trasladado por el propio ayuntamiento de Sóller a los tribunales, que ahora han fallado en su contra ya que el municipio deberá hacer frente al pago de 201.014 euros, como estableció en su momento el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en una resolución dictada en el año 2016.
El solar que deberá ser expropiado no tiene acceso desde la calle y colinda con la subestación eléctrica de Sóller, la vía del tranvía y el Torrent Major. La sentencia es todavía recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.
Aplicación del PGOU
La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears es una más de las que ha tenido que hacer frente el ayuntamiento de Sóller en los últimos años por aplicación de lo que recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Sóller (PGOU).
Hace unos años tuvo que abonar más de 400.000 euros por la expropiación forzosa de un solar en la urbanización de Muleta que el PGOU catalogó como zona verde pública. Ni tan siquiera tiene un acceso directo desde la vía pública, por lo que su uso público es imposible.
El caso más sangrante es el del campo de deportes Infante Lois, actualmente en manos de los tribunales, por el que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa determinó que el ayuntamiento deberá abonar 6,9 millones de euros a sus propietarios.
El recinto está catalogado como equipamiento público, pese a ser de propiedad privada. Sóller ya ha hecho un primer pago de 1,9 millones de euros.
