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Felanitx

Ports no consigue las llaves de las viviendas que quiere desalojar en Portocolom

Ayer se cumplía el segundo plazo dado para el acta de reversión de los seis inmuebles de la primera línea en los que viven doce familias

Aspecto exterior de la zona que PortsIB quiere recuperar. t.o.

Las doce familias afectadas por el desalojo forzado de sus viviendas situadas en la primera línea de Portocolom no hicieron caso ayer a la reclamación de Ports de les Illes y no entregaron las llaves de los inmuebles, pese que a partir de las 11,30 horas vencía la prórroga para llevar a cabo el acta de reversión mediante la cual deben volver a ser de dominio público tras décadas de concesión.

"El tema está en los juzgados y, evidentemente, no nos iremos con todas nuestras cosas dentro y sin que haya un fallo judicial que nos obligue", decía ayer el portavoz de la Plataforma pel Front Marítim, Guillem Monserrat, quien entiende que primero se hubiera tenido que producir un encuetro cordial con Ports para resolver el conflicto, "porque hemos invertido mucho dinero en estas casas y porque nunca hasta ahora nos habían dicho de nos fuéramos", explica. "Hay familias que no han sabido de la administración en 30 años y ahora en cuestión de meses nos quieren echar a la calle".

La Plataforma mantiene abierto un litigio con Ports de les Illes en varios juzgados de los Contencioso de Palma, lo que no ha impedido que se levanten las medidas cautelares que impedían el acta de reversión, cuyo requerimiento de paralización no ha sido aceptado como sí lo fue el pasado 6 de marzo, cuando estaba prevista la primera entrega de llaves.

Lo que piden tanto las familias como su abogado es que les dejen residir en sus viviendas hasta que la administración no tenga claro y aprobado un plan de usos para el espacio, una isleta de seis inmuebles de una altura, en el Pla de sa Sínia entre la rotonda de entrada desde Felanitx y el puerto.

La historia de estos espacios se remonta a 1968, cuando mediante una concesión administrativa son entregados a perpetuidad a sus propietarios, a cambio de un canon anual y del pago de las escritura y el resto de trámites administrativos. Sin embargo, en mayo de 1988 una nueva orden ministerial eliminó ese carácter indefinido y fijó la concesión a 30 años, con lo que concluyó en 2018.

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