Los prolegómenos de la temporada estival tienen distintos clásicos en Mallorca. Uno de ellos es el de poner fin, ahora sí, prometen cada vez, al caos, los peligros, las actividades ilegales y la agresión medioambiental en Cala Varques. Este año tampoco se ha hecho esperar la eterna promesa, si bien la renovación de buenas intenciones y dispersión de culpas llega esta vez arropada por medidas contundentes que, sin embargo, de entrada, no son garantía suficiente para la consagración definitiva del santuario natural.
Un chiringuito fuera de ordenación ha estado haciendo caja en Cala Varques durante ocho años consecutivos. Es el tiempo que ha necesitado la Administración, así, en general, para darse cuenta de que convenía abrir un expediente sancionador y resolverlo.
Con este dato ya es suficiente para percatarse de que, aparte de los males apuntados antes, Cala Varques también está bajo los efectos de una acentuada contaminación administrativa. Pero hay más, más elementos para poder calibrar la toxicidad de esta adulteración.
La cuantía de la sanción y sus imposiciones anexas hablan por sí solas de la gravedad del daño ocasionado. Medio Ambiente impone una multa de 100.000 euros, el cese de actividad y la obligación de restituir el entorno alterado al estado previo a la instalación de la cantina. La conselleria ha actuado de manera subsidiaria y lo hace distribuyendo culpas y responsabilidades. Dice que antes debían haber intervenido Demarcación de Costas, Sanidad, Trabajo y los cuerpos policiales. Es la desconexión entre administraciones que se traduce en pura contaminación administrativa tan lesiva como las demás. El chiringuito de Cala Varques también se ha apuntalado con incompetencia ajena.
