Búger es un municipio que no puede cubrir sus necesidades de seguridad vial ni vigilancia debido a las imposiciones de la Ley Montoro. Cuenta, desde hace unas semanas con una plaza fija de Policía Local, pero, en opinión del teniente de alcalde, Pere Torrens (PSOE) "serían necesarios cuatro agentes para tener las necesidades cubiertas, aunque siendo realistas podríamos tener dos y así al menos tendríamos la franja horaria de día cubierta".
El agente de policía que prestará servicio ahora tomó posesión de su cargo hace una semana.
El pueblo tiene algo más de 1.000 habitantes y si por la tarde algún coche impide el paso a una cochera no cuenta con un agente para resolverlo.
La Ley Montoro facilita la posibilidad de contratar nuevos funcionarios si se cubren plazas existentes, pero pone muchas trabas a la hora de crear nuevas plazas. La plantilla del Ayuntamiento de Búger está completa con tres funcionarios y ocho operarios. Torrens sostiene que "se ha cursado una solicitud a la Delegación del Gobierno en Balears para que se contemple la posibilidad de crear una plaza más de agente de policía aunque fuese de forma temporal. Existe esta opción y si nos la aceptan cubriremos nuestras necesidades por un tiempo". El Ayuntamiento calcula en 35.000 euros el coste anual de la plaza.
