El ayuntamiento de Selva estudia la posibilidad de incluir en el nuevo catálogo de Patrimonio dos casas y el sistema de riego ubicados en la finca de s'Hort d'en Coll para frenar la construcción de un parque fotovoltaico que no es del agrado de la institución municipal ni de los vecinos de la zona, que se han movilizado y han iniciado la colocación de pancartas contra la infraestructura en el entorno de la parcela.

El alcalde de Selva, Antoni Daniel Frontera (Arrelam), explicó ayer que una posible vía para paralizar el proyecto sería la protección de los citados elementos patrimoniales, tal y como han solicitado algunos vecinos que han presentado alegaciones en este sentido. El equipo de gobierno ya ha encargado los informes necesarios para determinar si estos elementos tienen el suficiente valor para ser protegidos mediante el catálogo municipal

De esta forma, el Ayuntamiento tendría en sus manos la posibilidad de abortar un proyecto que podría obtener licencia del Govern por la vía de la declaración de utilidad pública, sin necesidad de disponer de los permisos municipales. Cabe destacar que los informes arquitectónicos y jurídicos elaborados por el consistorio no ven impedimento desde el punto de vista de la legalidad urbanística para la construcción del parque fotovoltaico, aunque el alcalde precisa que estos dictámenes "no entran a valorar aspectos como el impacto ambiental y visual" del proyecto, los factores que más preocupan a los vecinos y a la institución local.

El pasado miércoles, el pleno de Selva aprobó por unanimidad un pronunciamiento en el que el Ayuntamiento "muestra su oposición al proyecto" ya que, debido a sus dimensiones, "implica un notable impacto y el consumo de una extensa porción de terrenos aptos para un uso agrícola".

La declaración aprobada argumenta que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de inminente entrada en vigor fomenta la implantación de instalaciones de energía renovable en las zonas de desarrollo prioritario, figuras que deben ser definidas por los planes territoriales insulares con la participación de los ayuntamientos y el Govern y que "a día de hoy no han sido fijadas, por lo que no se ha establecido una regulación para construir este tipo de instalaciones más allá de lo que marca el Plan Director Sectorial Energético de Balears".