El hotel Don Pedro de Cala Sant Vicenç, en el municipio de Pollença, ya puede retomar las obras de reforma que fueron paralizadas hace varias semanas por orden del Consell de Mallorca debido a una “deficiencia en la documentación aportada”. La institución insular ha informado hoy que el servicio de autorizaciones del departamento de Territorio e Infraestructuras ha autorizado hoy martes a los promotores de la reforma a poner en marcha de nuevo las obras porque, según la administración, se ha solventado la deficiencia existente.

En este sentido, el Consell explica que los promotores “han aportado el certificado municipal de legalidad del edificio y el proyecto del conjunto de la reforma que se adecua a la normativa vigente”, según ha podido comprobar el servicio de autorizaciones.

Por este motivo, las obras que habían sido obligadas a parar pueden retomar su actividad según el Consell de Mallorca, que precisa que “también deben pronunciarse el resto de administraciones competentes”.

Por otra parte, el vecino Hotel Vistamar, anexo al establecimiento Don Pedro, todavía no tiene carta blanca para retomar las obras de reforma porque, según la institución insular, “sigue pendiente de solventar las deficiencias para seguir adelante con la reforma”.

El hotel Don Pedro de Cala Sant Vicenç ha sido denunciado en diversas ocasiones por el grupo ecologista GOB al considerar que es ilegal debido a que fue construido en zona de servidumbre de protección y tráfico sin la preceptiva autorización que debía otorgar la administración de Costas. Los ecologistas reclaman la demolición sin condiciones de este establecimiento por ser “ilegal e ilegalizable”.

Además, el GOB denunció el pasado 25 de febrero que el hotel Don Pedro no había paralizado las obras a pesar del procedimiento sancionador y de la orden de suspensión cautelar de los trabajos dictada por el Consell de Mallorca. Según el grupo ecologista, la reforma “no se paralizó en ningún momento”. El GOB expresó también su “sorpresa” por los informes favorables del servicio de autorizaciones territoriales del Consell hacia un edificio que “es totalmente ilegal”. El grupo ecologista arremetió también contra el ayuntamiento de Pollença por su falta de actuaciones en el control de la legalidad del establecimiento.