El PP de Marratxí ha obtenido el apoyo de todos los grupos políticos municipales para aprobar una moción para combatir la ocupación ilegal de viviendas, además de garantizar el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social. En este sentido, recuerdan que el PP de Marratxí presentó, en el pasado pleno, una moción con la cual pedía que el Consistorio diera su apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y por la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero.

Asimismo, insistía en que el Ayuntamiento solicitara a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que dieran su aprobación a esta iniciativa normativa 'antiokupa', "por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas". Por este motivo, el portavoz municipal del PP, Xisco Ferrà, expresa su "satisfacción" por el apoyo de todos los partidos.

Sin embargo, desde el PP de Marratxí recuerdan que "en su intervención inicial, el regidor de Policía, Antonio Mangiova, dejó muy claro que el equipo de gobierno votaría en contra de la moción por considerarla demencial, negando todos los puntos de acuerdo". En su réplica, Ferrà se mostró extrañado por la postura del equipo de gobierno y le recordó que esta ley da respuesta a lo que solicitó el PP en 2017 a raíz de una moción que fue convertida en una declaración institucional votada a favor por todos los grupos en la que se pedía instar el gobierno del Estado a impulsar los cambios normativos y legales que hagan posible que ante una ocupación ilegal las autoridades locales tengan más competencias para actuar, a impulsar los cambios normativos para endurecer las penas en las personas que ocupen una vivienda en contra de la voluntad del propietario y que se posibilitara restituir la posesión de la vivienda de manera urgente.

Ferrà insistió en la necesidad de luchar contra este grave problema social y pidió al equipo de gobierno que recapacitara y aceptó votar un punto único, mediante el que el Ayuntamiento solicitará a todas las fuerzas política con representación parlamentaria que estudien la proposición de ley presentada por el Partido Popular y, si procede consensuen una normativa anti okupa.