Una de las peores impresiones que puede transmitir una institución pública es la de una trato desigual, arbitrario o interesado hacia sus administrados. Si esto ocurre, significa que hay corrupción de por medio y quizás más elementos inconfesable. El único interés que debe y puede tener una institución es el de un buen servicio, desde la igualdad, a los ciudadanos. Cuando no ocurre así, hay que parar, investigar y reconducir las cosas.
Esto precisamente es lo que se hace necesario en la casa consistorial de Calvià. Un exinspector de comercio del municipio, ahora destinado a otras funciones, ha presentado una denuncia ante el alcalde en la que asegura que en su día se le obligó a hacer diferencias entre los comercios de Magaluf y Calvià vila, en cuanto a la inspección de banderolas de promoción que exhibían los establecimientos en su exterior.
Aquí hay varias cosas por sopesar porque, aparte de la acción inspectora que pudo realizarse, se admiten discrepancias de criterio y diferencias en el modo de actuar entre el exinspector y el departamento del que dependía. También extraña, por anormal y sospechosa, la negativa a entregar un justificante de las actas levantadas.
Cuando se le piden explicaciones de lo ocurrido, el Ayuntamiento responde indicando que ha abierto un proceso informativo para esclarecer la autenticidad de los hechos. No queda más remedio que hacerlo. Es una investigación cuyas conclusiones no podrán quedar de puertas adentro. El Ayuntamiento debe divulgarlas y si se da el caso, también las medidas que adopte para pedir responsabilidades y reconducir las cosas. Por lo dicho antes, por no mantener la sensación de arbitrariedad.
