La Plataforma pel Front Marítim, que aúna a las once familias afectadas por el desalojo forzado de sus casas situadas en la zona portuaria de Portocolom, advierten que no se van a ir "gratis", y anuncian que ya están preparando una serie de acciones como protesta al anuncio de Ports de les Illes Balears, que ha fijado el próximo día 6 de marzo como fecha para que abandonen sus hogares, que retornarían a la administración, tras una concesión de 30 años.
Según explica Guillem Montserrat, portavoz del colectivo, "aún no está todo vendido. Quien crea que vamos a entregar las llaves de nuestras casas tranquilamente y sin protestar, está muy equivocado". Y sospecha que este anuncio "repentino por parte de Ports, solo puede responder a una estrategia interesada antes de elecciones; porque si no, no se entiende".
Para la plataforma el enemigo "está claro y es un organismo público muy potente... es David contra Goliat, pero ya estamos preparando acciones". "Nuestras familias hicieron estas casas y durante todo este tiempo hemos pagado el IBI, las basuras y todos los impuestos, además de un canon anual a Ports", señala Montserrat, quien no entiende cómo el PSOE, personificado en el conseller Marc Pons y el responsable de Ports de les Illes, Xavier Ramis "está pasando de nosotros e ignorándonos".
Lo que piden tanto las familias como su abogado es que les dejen residir en sus viviendas, por lo menos hasta que la administración no tenga claro y aprobado un plan de usos para el espacio, una isleta de seis inmuebles de una altura, situados en el Pla de sa Sínia entre la rotonda de entrada desde Felanitx y el puerto. "Estamos dispuestos a sentarnos a negociar para llegar a un acuerdo, pero no están por la labor, quieren sacarnos ya".
La historia de estos espacios se remonta a 1968, cuando mediante una concesión administrativa son entregados a perpetuidad a sus propietarios, a cambio de un canon anual y del pago de las escritura y el resto de trámites administrativos. Sin embargo, en mayo de 1988 una nueva orden ministerial eliminó ese carácter indefinido y fijó la concesión a 30 años, con lo cual ésta concluyó oficialmente el pasado 2018.
Carta para irse
Hace escasos días los propietarios recibieron una carta por parte de Ports de les Illes Balears (dependiente de la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad), en la que se les informa que el próximo día 6 de marzo a las 12,30 horas se procederá al "acta de reversión al dominio público" de las viviendas, "incluso sin la comparecencia del beneficiario o representante legal". Una devolución a la administración pública que no será de forma voluntaria. "No digo que vayamos a tirar las casas abajo, pero tampoco nos quedaremos con los brazos cruzados", dice Montserrat.
