Las demandas y recursos judiciales suelen tener efectos y perjuicios colaterales, sobre todo cuando no van revestidas de fundamento y sentido de la razón. De ahí que sea más deseable un mal acuerdo que un buen pleito. Si el concesionario de los aparcamientos de la Plaza Mallorca de Inca hubiera optado por respetar el pliego signado y, en todo caso, procurado el diálogo, el atasco de gestión y operatividad habría podido evitarse. Todo lo contrario. Se optó por pleitear hasta el último extremo para ver si caía algo a su favor. No ha sido así.
Las explicaciones que se dan y las mismas resoluciones judiciales dejan patente que ha sido un dilatado episodio de manipulación privada de una concesión pública. Promeco transfirió los estacionamientos subterráneos a Aparcamientos Plaza Mallorca por un millón de euros cuando una operación de estas condiciones estaba prohibida por la concesión inicial. El Tribunal Constitucional concede validez a todas las resoluciones judiciales que desmontaban la operación.
El Ayuntamiento deberá evaluar ahora si pide daños y perjuicios por el trapicheo y las esperas pero, sin despreciar este aspecto, lo realmente importante es que el estacionamiento adquiere otro dinamismo y utilidad. Se licitará de nuevo en beneficio de una empresa de inserción social y su reforma se suma a la de la Plaza Mallorca.
