Matthias Kühn ha presentado una reclamación patrimonial contra el Govern por valor de 65 millones de euros por haber desclasificado la urbanización de Muleta II en el Port de Sóller mediante la Ley de Urbanismo de 2017. Para hacerlo, el empresario inmobiliario asegura "falsamente" que la urbanización dispone de todos los servicios básicos, cuando en realidad no dispone de ninguno de ellos.

Pese a que el ayuntamiento de Sóller no ha sido incluido en la demanda patrimonial, desde el consistorio solleric precisaron ayer que la desclasificada urbanización "no dispone de ningún servicio básico como alega Kühn" por lo que dudan que la reclamación pueda prosperar.

Fuentes técnicas señalaron que no dispone de servicio de agua potable, ni alcantarillado, ni servicio de electricidad ni telefonía. Incluso afirmaron que no dispone de aceras ni alumbrado público, un hecho que contrasta con lo que recoge la reclamación de responsabilidad patrimonial que ha impulsado la sociedad Birdie Son Vida, la empresa propietaria de los terrenos vinculada a Kühn, que asegura que Muleta II es suelo urbano dotado con todos los servicios que estipula la ley. Para el ayuntamiento no "al carecer de todos los servicios básicos".

El consistorio precisa que la carencia de servicios básicos que según Kühn sí existen "contrasta con el hecho de que el empresario presentara hace unos años un proyecto de dotación de servicios valorado en un millón de euros", que no fue autorizado.

En el trasfondo de esta millonaria reclamación está el acuerdo transaccional alcanzado entre Kühn y el anterior Govern del PP en 2013 ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que reconoció que Muleta era suelo urbano para así ahorrarse la indemnización que le reclamaba el empresario después de que una moratoria urbanística del 2008 bloquease el desarrollo de Muleta II que pasó a ser suelo rústico protegido. No obstante, este acuerdo no obligaba al ayuntamiento de Sóller, al no ser parte en el proceso, a modificar su Plan General para recalificar los terrenos de la urbanización a suelo urbano. Por este motivo la Sala nunca accedió a modificar el plan, por lo que la urbanización no pudo ejecutarse ni dotarla de nuevos servicios. Mientras, la Ley de Urbanismo de 2017 desclasificó definitivamente los terrenos de Muleta II.

El embrollo legislativo y judicial en el que se encuentra Muleta II ha puesto de manifiesto las diferencias de valor económico que Kühn ha dado a los terrenos de la antigua urbanización a lo largo de los últimos años. Si en la demanda resuelta en 2013 pretendía que el Govern le indemnizara con 100 millones, en la reclamación que ahora mantiene contra la administración baja hasta los 65.