El retraso de la conselleria de Medio Ambiente en resolver la documentación ambiental del Plan General urbanístico de Manacor (PGOU), presentada el 25 de julio por el Ayuntamiento, ya tiene sus primeras consecuencias. La falta de una aprobación provisional de la nueva normativa urbanística hace que se hayan presentado dos demandas más para la expropiación forzosa de zonas verdes, una por 19 millones de euros y otra por 2,5 más.
"Hace cuatro meses y medio que remitimos la documentación a la Conselleria, para que la Comisión de Medio Ambiente resolviera este paso, sin el cual no podemos aprobar el Plan General", explica la alcaldesa Catalina Riera (El Pi); "Estamos muy decepcionados porque hace dos semanas que se terminó el plazo para que nos contestaran y aún no lo han hecho, lo que puede suponer un perjuicio económico muy importante para todos los vecinos de Manacor", critica.
Tanto Riera como la responsable de Urbanismo, Isabel Febrer, confiesan que han "suplicado" tanto a nivel político al conseller Vicenç Vidal como a nivel técnico para poder resolver el problema. "Lo único que conocemos es que quince días antes de que el plazo expirara, aún no había un técnico asignado, lo que nos parece una grave inacción".
Junto al documento medioambiental, el consistorio manacorí también está a la espera de la decisión favorable de la dirección general de Recursos Hídricos, paso previo a la elevación a pleno del Plan, "que es la herramienta fundamental para que particulares y empresas tengan seguridad jurídica".
Las nuevas zonas verdes que ahora han entrado en los trámites de valoración de Jurado Provincial de Expropiación, están situadas en el extrarradio de la ciudad, una en la zona de Son Fangos (la de 19 millones) y en la de Son Moix (2,5). Espacios que se vienen a sumar a los anteriores que se han activado de nuevo tras acabar del plazo de dos años de suspensión para la tramitación del Plan General. Una moratoria que no volverá a entrar en vigor hasta que la normativa se apruebe, por lo menos de manera provisional.
