El mal servicio que de forma recurrente denuncian los usuarios habituales del transporte público por carretera de Mallorca queda confirmado en la relación de sanciones que durante los últimos tres años ha impuesto la conselleria de Movilidad por irregularidades a las empresas concesionarias de la isla, que suman la cantidad de 118.032 euros. Unos 30 expedientes se refieren a servicios defectuosos prestados a personas con problemas de discapacidad.
En total, la administración pública ha interpuesto 118 sanciones entre 2016 y 2018, de las cuales 102 corresponden al servicio regular y las restantes 16 al servicio de transporte escolar. La cantidad económica que han tenido que abonar las concesionarias del transporte regular ascienden a 82.216 euros (un 69% del total recaudado), mientras que las empresas que cubren servicios escolares han pagado 35.816 euros (un 31% del total).
En el caso de las líneas regulares, las sanciones más recurrentes se refieren al "incumplimiento de las condiciones de accesibilidad de los vehículos", con un total de quince sanciones en los últimos tres años que suman 14.413 euros. El "incumplimiento de alguna de las condiciones u obligaciones impuestas en el contrato de gestión", con un total de catorce multas que suman 16.828 euros, todas ellas en 2016, es otro de los motivos más sancionados por la administración. El incumplimiento de las condiciones de explotación de los servicios de transporte público se ha traducido en once sanciones por valor de 15.015 euros.
Las personas con problemas de movilidad reducida han denunciado en numerosas ocasiones el mal servicio de algunos concesionarios. De hecho, entre 2017 y 2018 se han impuesto 9 sanciones por "impedir o dificultar el acceso o la utilización del servicio a personas discapacitadas", cuyas cuantías suman 9.000 euros. También se han abierto seis expedientes (2.400 euros) por prestación de servicios regulares "con vehículos que incumplen las condiciones técnicas sobre accesibilidad".
El trato que reciben los usuarios también ha sido objeto de sanciones a determinadas empresas. Así, el "trato desconsiderado de palabra u obra a los usuarios" se sancionó en tres ocasiones en 2016, con multas por valor de 702 euros en total. También se impuso una sanción de 401 euros a una concesionaria por "no facilitar el libro de reclamaciones al público usuario".
El incumplimiento del régimen tarifario, la no exhibición al público los calendarios y horarios o expedir billetes de forma irregular son algunas de las sanciones recurrentes que completan la lista.
Transporte escolar
Llama la atención que algunas empresas que cubren servicios escolares carezcan del título habilitante necesario para ello. Este concepto ha sido objeto de cuatro sanciones del Govern que suman 16.000 euros, mientras que también se han impuesto dos multas por valor de 8.000 euros a otras tantas empresas por realizar transporte escolar "careciendo de autorización específica".
Las irregularidades en la contratación del seguro de los vehículos han sido multadas en tres ocasiones (10.000 euros en total). También se han abierto expedientes por la ausencia del acompañante del conductor, encargado del cuidado de los menores (tres multas en 2018 por 3.000 euros). En un caso se interpuso una sanción de 2.000 euros porque el conductor carecía del Certificado de Aptitud Profesional en vigor.
El director general de Movilidad y Transportes del Govern explica que parte de las sanciones ya se ha ingresado, mientras que otras tienen recursos abiertos que todavía deben resolverse.
Los expedientes por irregularidades se han abierto a raíz de la labor inspeccionadora de la Conselleria, aunque en muchos casos los controles se han realizado tras las denuncias de los propios usuarios. El Govern es consciente de que el final de ciclo (en 2019 se renovarán todas las concesiones) puede suponer que las empresas "se relajen" a la hora de cumplir con el servicio, por lo que "no podemos bajar la guardia".
