Los trabajadores de la central eléctrica de Es Murterar han acusado hoy al Govern en los pasillos del Parlament de darles un trato diferente al que reciben otras empresas sobre las que planea un cierre, como la multinacional Cemex. "Hace más de un año que pedimos la atención del Govern y hasta ayer (el lunes) no ha habido una reunión. No nos ha dado el mismo trato que a Cemex", ha declarado a los medios de comunicación Josep Roca, secretario del comité de empresa de Es Murterar.

Trabajadores de la centra eléctrica han acudido al pleno del Parlament invitados por el PP cuyo líder, Biel Company, ha preguntado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por el cierre de dos de las cuatro líneas en 2020 y las dos restantes en 2025. Roca, sin embargo, ha afirmado que la "situación crítica" de Es Murterar ante la falta de inversiones hace que corra el riesgo de que se cierre completamente en 2020. El representante del comité de empresa ha considerado que los plazos que plantea el Govern para el cierre son "precipitados" y que Mallorca quedará en "grave peligro de falta de suministro eléctrico, puede quedarse a oscuras sobre todo en verano cuando aumenta la demanda"

Poco antes de estas declaraciones Company había emplazado en el pleno del Parlament a Armengol a que se replantee los plazos para el cierre de la central, con el fin de no poner en riesgo el suministro, pero la jefa del Ejecutivo ha rechazado que exista ese peligro. Armengol, quien ha asegurado que el suministro está garantizado, ha afirmado que el cierre se realizará "de acuerdo con el comité de empresa", con los que el lunes la el Govern se comprometió a mantener reuniones quincenales. Sin embargo, ha dejado claro que el Ejecutivo está "al lado de los trabajadores, pero también del interés general, que es el de descarbonizar las islas".

Company ha criticado que en el acuerdo entre el Govern y y el Gobierno central para el cierre de la central eléctrica no se contempla nada "sobre tarifas, garantía de suministro ni del aislamiento" energético de Balears. En este sentido ha resaltado que Es Murterar genera 633 megavatios, "la mitad de los que se consume en Mallorca en horas punta" y ha mostrado sus dudas de que se pueda garantizar el suministro si se cierran dos líneas en 2020. "Es precipitado, se pone en riesgo la garantía de suministro y no se tiene en cuenta los 800 puestos de trabajo, directos e indirectos, que quedarán afectados", ha dicho el presidente del PP quien ha pedido a Armengol que impulse "una transición energética que sea justa, no ideológica y sectaria", sustituyendo energías fósiles por renovables "con sensatez"

Armengol ha recordado a Company que el Govern "lleva desde el principio de la legislatura" trabajando en un plan de transición energética que, según ha dicho, es "justo y comprometido con la Comunidad y con los acuerdos contra el cambio climático". En su respuesta al líder del PP, la presidenta ha incidido en que Es Murterar emite el 27 por ciento del dióxido de carbono en Baleares y que el cierre está acordado con el Gobierno central, que es el que ha de hacer "las inversiones" y el planteamiento de la factura eléctrica. Tras recordar que la fecha de 2020 para el cierre de los dos primeros grupos está fijada por la UE, ha acusado a Company de "demagogia" ya que el suministro está "garantizado".

"En pocos días entra en funcionamiento el cable Mallorca-Eivissa y han comenzado las obras del segundo cable con Menorca", ha dicho entre otras actuaciones. Junto a ello, ha resaltado que en la actualidad las renovables generan en Balears 71 megavatios y que hay 23 parques en tramitación para llegar a los 600.

Antes de este cara a cara entre Armengol y Company la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Prohens, había preguntado por este asunto al conseller de Trabajo, Iago Negueruela, al que ha acusado de tratar a los trabajadores de Es Murterar peor que a los de otras empresas. Negueruela ha asegurado que está en contacto con el ministerio de Industria antes de que se presente el ERE de los trabajadores para negociarlo y preparar una recolocación, pero ha incidido en que el Govern está "atado de pies y manos" en estas cuestiones desde la reforma laboral del PP, que dejó en manos del Estado la intervención en los expedientes de regulación de empleo, en los que hasta entonces intervenían las Comunidades Autónomas.