Los diez ocupantes de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Sa Calobra de Inca se han librado hoy por la mañana de ser desahuciados por una comisión judicial debido a un defecto de forma legal en la orden de desahucio. El abogado defensor de las dos familias que residen en la casa (cinco adultos y cinco menores con edades comprendidas entre los tres meses y los trece años), Federico Morote, ha explicado que el juzgado había demandado únicamente a dos de las personas que ocupan la vivienda, cuando la realidad es que ocho personas más residen en el inmueble.

Ante esta circunstancia, la comisión judicial ha decidido paralizar el desahucio y otorgar un plazo de diez días hábiles a los afectados para que presenten alegaciones, justifiquen su caso y busquen un abogado de oficio. Al parecer, las familias han contactado con el Ayuntamiento para solicitar su apoyo, aunque de momento no han podido hablar con los responsables de servicios sociales. Hasta la vivienda afectada se han desplazado dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil. También se ha presentado un cerrajero, aunque finalmente no ha tenido que actuar.

Estas personas residen en el inmueble, propiedad de Bankia, desde hace tres años. El abogado explicó que habían firmado un contrato de alquiler con una persona que se había presentado como la propietaria de la vivienda y había ofrecido un alquiler mensual por 250 euros, aunque "después resultó ser un estafador" que cobró 1.200 euros de anticipo a los ocupantes de la casa y posteriormente desapareció. Las familias afectadas decidieron quedarse en la casa como 'okupas' hsata que el banco propietario presentó denuncia, activando el protocolo del desahucio que debía producirse hoy y que finalmente ha sido aplazado. El abogado ha explicado que el procedimiento aplicado es el llamado desahucio en precario y se activa cuando los ocupantes de una vivienda no tienen ningún título que acredite su derecho a residir en la vivienda.

Representantes de las plataformas Stop Desahucios Mallorca y Ciutat per a qui l'habita se han concentrado esta mañana en el exterior de la vivienda para apoyar a las familias afectadas y tratar de paralizar el desahucio. En este sentido, Joan Segura, portavoz del primer colectivo, ha explicado que estas familias "han tenido que okupar esta vivienda por necesidad y falta de alternativas, ya que el banco se ha negado a negociar un alquiler social". A su entender, el banco "incumple el pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, que garantiza que no puede haber desahucios forzosos sin alternativas habitacionales".

Una vez confirmado el aplazamiento del desahucio, ambas plataformas han "exigido" a la entidad bancaria propietaria de la vivienda que negocie un alquiler social con las familias y que se estudie el caso en profundidad para evitar el desahucio sin antes haber programado una alternativa para los afectados. "El banco y el Estado están obligados a ofrecer una alternativa", asegura. Por su parte, Manel Domènech, de la plataforma Ciutat per a qui l'habita, ha señalado que si no se hubiera producido el defecto de forma que ha paralizado el desahucio, "diez personas, con cinco menores, hubieran quedado en la calle con sus pertenencias, bajo la lluvia".