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Instalaciones

La piscina municipal de Manacor vuelve a estar en la cuerda floja por falta de ingresos

El aumento de la competencia y el cese de la ayuda anual del Ayuntamiento ahogan a la concesionaria

Fachada de las piscinas municipales de gestión privada, Esquitxos. s.s.v.

La piscina municipal de Manacor vuelve a estar en peligro de cierre por déficit continuado. El último pleno consistorial celebrado este pasado lunes noche, solo hizo aumentar el temor ante un cese de actividad que cada vez parece más cercano. Y es que las continuas peticiones de la concesionaria, Esquitxos de Blavor SL, para rescindir de mutuo acuerdo la explotación por la falta de ingresos, el aumento de la competencia y la cancelación de la ayuda económica anual por parte del Ayuntamiento, han hecho que la decisión final pase directamente a los servicios jurídicos del consistorio.

"Cabe decir que jurídicamente solamente existe una forma de que la concesionaria pueda dejar de ofrecer el servicio sin tener que pagar una indemnización, y es que exista un interés público para que así sea, pero eso lo decidirán los técnicos", explica la alcaldesa Catalina Riera, para quien el tema no es nuevo, ya que Esquitxos viene reclamando una solución urgente ante la falta de usuarios.

30 años

Construida sobre las antiguas piletas municipales en 1997, la actual instalación cubierta fue sufragada por la empresa a cambio de poder explotar los servicios por un periodo de 30 años. Además, durante los 20 primeros el Ayuntamiento estaba obligado a pagar 40.000 euros anuales según el pliego de condiciones. Una aportación, por tanto, que ya no ha tenido que abonar en 2018.

"Es evidente que las cosas han cambiado durante estas dos décadas y que mientras tanto se han creado dos piscinas privadas más que suponen una competencia (primero la del Gimnàs Manacor y más recientemente la situada dentro del Rafa Nadal Sport Center), eso lo entendemos, pero como Ayuntamiento no podemos llegar a un acuerdo con la empresa porque legalmente no es posible", recalca Riera.

Preguntada sobre si llegado el caso el consistorio podría hacerse cargo de las instalaciones y el servicio, la alcaldesa explica que "no se trataría de una decisión política, sino que primero se debería estudiar seriamente la sostenibilidad financiera. Pero ya le digo que primero los servicios jurídicos deben determinar los fundamentos para una resolución".

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