La empresa contratista que debía ejecutar las obras de la red de pluviales de la calle Pontarró, en Alaró, ha pedido esta semana la rescisión del contrato debido a una "imposibilidad material" de ejecución de las mismas. La empresa reclama al Ayuntamiento una indemnización por daños y perjuicios por un valor de 8.000 euros aproximadamente, tal y como prevé la ley de Contratos del Sector Público.
Según el escrito remitido por parte de la constructora al Consistorio, el proyecto de ejecución de las obras es incompatible con las prescripciones técnicas que impone la Dirección insular de Carreteras.
El documento señala que la profundidad que requiere el organismo Insular es de un metro, a diferencia de los diecisiete centímetros que se pedía en el proyecto. Este hecho imposibilitaría el aprovechamiento de las tuberías existentes que el proyecto pretendía conservar. Además, también critica la diferencia de criterio sobre la imposibilidad de cierre al tráfico de la vía, ya que según el proyecto se podía cerrar la calle a la circulación y Carreteras lo prohibió.
Las obras de la calle Pontarró han sido muy polémicas desde que el Ayuntamiento las comunicó. La oposición ha denunciado el fraccionamiento en la contratación del ingeniero y los defectos en el proyectofraccionamiento en la contratación del ingeniero y los defectos en el proyecto. Los vecinos de la citada calle alegaron ante el Ayuntamiento por un proyecto que entienden que no se ajusta a sus necesidades y han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo y la Oficina Anticorrupción que dirige Jaime Far.
Esta misma semana han recibido un escrito por parte de éste alegando que el ayuntamiento aún no ha contestado a las alegaciones interpuestas en junio de este mismo año. El secretario municipal advirtió que se necesitaba un informe técnico que asegurara que la decisión de llevar las aguas hacía esta calle cumplía con un convenio urbanístico firmado y vigente a día de hoy.
Críticas
Ante esta información, el portavoz de la oposición, Llorenç Perelló, cree que "el equipo de gobierno ha improvisado de forma clara y no ha querido escuchar a oposición, vecinos, Defensor del Pueblo y al secretario municipal cuando pedían un informe complementario y ahora nos va a tocar pagar". Añade que "desde el primer momento hemos criticado unas obras que van contra la voluntad de los vecinos, si nos hubiera hecho caso desde un principio ahora no estarían hablando de responsabilidades".
