Sin convocar a los medios de comunicación, pese a ser uno de los proyectos viarios más caros y ambiciosos de esta legislatura, han dado comienzo oficial las obras del polémico desdoblamiento de la Ma-19, es decir, el tramo de carretera de unos 9 kilómetros entre Campos y Llucmajor.

La consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido (PSOE), y el alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), han visitado este miércoles las obras, desde el final de la variante-autopista de Llucmajor hasta el pueblo de Campos (rotonda de sa Parada y rotonda de los supermercados).

Tanto Consell de Mallorca como consistorio campaner defienden la realización de esta infraestructura. La Unión Temporal de Empresas encargada está formada por Constructora Pirenaica S.A. (Copisa) y Aglomerados de Felanitx S.A. El presupuesto fijado asciende a 27,4 millones de euros y el plazo de ejecución, 22 meses.

Las estadísticas de siniestralidad indican que del 2005 al 2016 se registraron un total de 237 accidentes, el 51% por distracción; el 29% por infracción de normas de circulación; el 8% por cansancio o sueño, y otro 8% por alcohol o drogas. Se sumaron 19 víctimas mortales y 204 heridos.

En contraste, cabe señalar que hay un importante movimiento de protesta, que rechaza frontalmente este proyecto tachado directamente de "desproporcionada autopista". En estos momentos la Plataforma Antiautopistes Plataforma Antiautopistes(web autopistamai.org) lleva recogidas alrededor de 3.000 firmas de personas adheridas al manifiesto crítico, contra nuevas autopistas y el urbanismo depredador, y a favor de una Mallorca "más verde, digna y justa". El número de entidades también adheridas ya es de un centenar.

Terraferida y GOB son dos de las entidades que manifiestan mayor rechazo a la iniciativa. Recuerdan que "ha habido cero accidentes graves desde que se realizaron las modificaciones en 2015 (reducción de velocidad máxima y ampliación de la prohibición de adelantar)". A su vez reprochan que "un metro de ancho es la diferencia del nuevo proyecto aprobado esta legislatura respecto al del PP". También advierten que "la autopista ocupará una área equivalente a 62 campos de fútbol" y "se llenarían 81 piscinas olímpicas con los 170.000m3 de tierra fértil que se extraerán". Otros datos aportados: 222 fincas expropiadas a un total de 300 propietarios; 2.000 árboles arrancados para poder asfaltar y 32,9 millones de euros públicos "costará este desastre". Por todo ello, entidades y personas que se oponen a esta actuación discuten seriamente la decisión de PSOE, Més y Podem, que gobiernan en el Consell de Mallorca.