El equipo de gobierno del ayuntamiento de Manacor (formado por El Pi, PP y AIPC) no sale de su asombro. No entiende qué criterios ha podido seguir el Govern para, en tres años, solo haber recibido apenas un 3% del total recaudado del impuesto para el turismo sostenible. Lo que ha supuesto, entre otros proyectos, el descarte de la compra pública de Cala Varques, la construcción de una planta desnitrificadora para poder tener agua corriente de calidad en la ciudad o el ambicioso plan de movilidad de Porto Cristo, con la ampliación del aparcamiento subterráneo y una red de autobuses eléctricos interurbanos incluido.

"Nos sentimos engañados y ofendidos", dice la alcaldesa manacorina, Catalina Riera (El Pi), quien el lunes por la mañana pedía poder consultar la resolución y los criterios seguidos durante el proceso para otorgar los proyectos, al tiempo que pide un cambio en el criterio de reparto del dinero recaudado con el fin de trasparentar la situación.

Y es que desde 2016, el consistorio apenas ha recibido 300.000 euros, concentrados este último ejercicio en un proyecto de vehículos eléctricos. "No puede ser que Palma se lleve 16 de los 50 millones de este año, de los cuales once son para construir viviendas de protección oficial", explica Riera, que cree que, por una parte Ciutat ya recibe otras ayudas económicas por su régimen de capitalidad, y que "no se entiende muy bien" que las viviendas se integren en el modelo del impuesto, nacido para regenerar zonas turísticas o resolver problemas relacionados con el tercer sector.

Asimismo desde Manacor no se entiende demasiado bien que con más de 15.500 plazas turísticas (concentradas sobre todo en Calas de Mallorca) y con la condición de capital de la comarca de Llevant (que a su vez tiene más de 100.000) "no llegue ninguna clase de ayuda para proyectos que encajan perfectamente, en teoría, dentro, de la filosofía de la convocatoria", sostiene en concejal de AIPC y delegado de Porto Cristo, Joan Gomila, "me extraña y me indigna".

Partiendo de la base, errónea a tenor del reparto, de que el montante económico iría a parar eminentemente a cuestiones turísticas, lo que ha supuesto un mayor golpe inesperado ha sido que el Govern no incluyera la semana pasada dentro de los proyectos a ejectutar, la compra de la finca de Cala Varques por tres millones de euros, dados los reiterados problemas de masificación que viene sufriendo desde hace años y teniendo en cuenta el precedente reciente de la adquisición pública de la finca de Els Canons de Artà, por siete millones hace apenas un año.

"No criticamos las otras decisiones, sino el hecho de que no haya un criterio de reparto equitativo al que nos podamos atender, lo que crea muchas sospechas de que los proyectos ya estén otorgados de antemano", redunda la alcaldesa, que propone a la presidenta Armengol que se siente con los alcaldes para dejar claras las reglas de juego, y evitar por ejemplo, que este año una cuarentena de municipios hayan quedado a cero.

"Tendríamos que saber a qué nos atendemos, porque hay muchos funcionarios municipales que se quedaron sin vacaciones en agosto para poder terminar la redacción de los proyectos, lo que afecta al funcionamiento del Ayuntamiento. Porque entendíamos que los que presentábamos encajaban perfectamente con los criterios iniciales... así que no entendemos nada".