El ayuntamiento de Santa Margalida actuó de forma legal cuando en marzo de 2015 aprobó y adjudicó a la empresa Hidrobal un nuevo contrato concesional de suministro de agua potable que unificaba las concesiones de Can Picafort, Son Bauló y Son Serra, según una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma que desestima el recurso presentado por dos particulares y una empresa contra el acuerdo municipal que aprobó la nueva adjudicación.
En el municipio de Santa Margalida existían dos concesiones independientes relativas a los núcleos de Can Picafort y Son Serra, por una parte, que se extinguió hace unos años, y al núcleo de Son Bauló, por la otra, cuya concesión finalizaba en el año 2040. Ambos servicios estaban adjudicados a la empresa Hidrobal, también demandada por los recurrentes, vinculados al concesionario que prestaba el servicio antes de que este pasase a Hidrobal.
El Consistorio decidió en 2015 unificar ambas concesiones hasta el año 2021 para optimizar recursos, una decisión avalada por la sentencia porque el nuevo sistema "facilita la gestión y permite promover la futura concurrencia de licitadores interesados en la adjudicación" cuando finalice el plazo de la concesión dentro de tres años. Además, el informe de un ingeniero "confirma la idoneidad de la unificación de las dos concesiones existentes".
Dominio de los pozos
Antes del pronunciamiento judicial, uno de los grandes caballos de batalla residía en el control de los pozos que abastecen los tres citados núcleos de Santa Margalida. La empresa Hidrobal firmó en mayo de 2003 un contrato de arrendamiento de una serie de pozos que eran de la entidad recurrente, Iniciativas Vanir S. L.
Esta empresa, creada por el anterior concesionario, sostiene que en el acuerdo de reversión de bienes, derechos e instalaciones a favor del ayuntamiento de Santa Margalida por la liquidación de las concesiones del servicio de abastecimiento de agua potable a Can Picafort, Son Bauló y Son Serra se incluían fincas rústicas e instalaciones de extracción que son de su propiedad y que "nunca fueron objeto de las concesiones".
No obstante, el juzgado considera ajustado a derecho la reversión de estas instalaciones al Ayuntamiento como parte del paquete de la concesión. "Puede considerarse que los recursos hídricos destinados al abastecimiento de los tres núcleos amortizaron las correspondientes inversiones" realizadas por los propietarios de los pozos, según el fallo del juzgado, ya que "ha quedado acreditado que las partes demandantes percibieron desde el año 2003 hasta el 31 de marzo de 2015 un canon de arrendamiento de 125.000 euros anuales", lo que puede considerarse como "una previsión compensatoria de la futura reversión de bienes hídricos".
La izquierda municipal, que en 2015 aprobó la unificación de concesiones, siempre había considerado la existencia de una "irregularidad" en la gestión de los pozos. El exalcalde Antoni Reus (Suma pel Canvi) explica que "cuando la concesión pasó a Hidrobal también deberían haberse cedido los pozos que eran propiedad del anterior concesionario, pero este vendió los pozos a otra empresa de su propiedad (Iniciativas Vanir S. L.) que cobraba el alquiler de los mismos al nuevo adjudicatario (Hidrobal)".
Reus añade que la sentencia avala la actuación municipal y deja claro que "todo lo que forma parte del sistema de abastecimiento de agua forma parte de la concesión y que cuando esta acaba, todo debe revertir al Ayuntamiento".
